
El Gobierno canario prepara una convocatoria para asignar unos 16 megavatios de almacenamiento tras el cambio normativo aceptado por el Estado.
La Palma podrá contar con baterías de emergencia para reforzar su sistema eléctrico y reducir el riesgo de nuevos ceros energéticos. El Gobierno de Canarias ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica ha aceptado incorporar el almacenamiento energético como recurso de emergencia en los territorios no peninsulares.
El cambio normativo permitirá recurrir a baterías cuando existan problemas de cobertura de la demanda o riesgo para la seguridad del suministro, una posibilidad que hasta ahora no estaba incluida en el marco estatal de medidas temporales y extraordinarias.
Un cambio para los sistemas insulares
La modificación afecta al régimen que permite adoptar actuaciones de emergencia para garantizar el suministro eléctrico. Hasta ahora, ese mecanismo contemplaba recursos excepcionales, pero dejaba fuera los sistemas de almacenamiento mediante baterías.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, sostiene que la medida responde a una demanda prioritaria para La Palma y permitirá avanzar en una solución específica para la isla.
La Consejería defiende que este paso se suma a otras actuaciones energéticas previstas para La Palma, como la inclusión del corredor sur en la planificación estatal, la futura subestación de Tajuya, el amortiguador eléctrico de la subestación de Las Breñas y la renovación de la generación convencional.
Unos 16 megavatios
El director general de Energía, Alberto Hernández, explicó que el Gobierno canario trabaja desde hace meses en el borrador de una convocatoria específica para asignar la potencia de almacenamiento que necesita La Palma.
Las primeras estimaciones apuntan a una necesidad de unos 16 megavatios de potencia, con capacidad de almacenamiento durante dos horas, aunque la cifra definitiva dependerá del informe del operador del sistema.
Financiación compartida
La financiación prevista contempla que el Ministerio asuma el 25% del coste de la actuación y que el Gobierno de Canarias aporte el 75% restante.
La Consejería trabaja ya en la captación de fondos para cubrir su parte y acelerar los trámites con el objetivo de que las baterías puedan instalarse en el menor plazo posible.
El Ejecutivo autonómico sostiene que estas infraestructuras permitirán aportar energía de forma inmediata ante incidencias en los grupos de generación o averías que comprometan el suministro eléctrico en la isla.















