El Parlamento de Canarias ha puesto en marcha un proyecto clave para la modernización de la administración pública y la eficiencia del mercado laboral: la creación de un Registro Oficial de la Vida Académica que consolide, en una plataforma digital única, toda la trayectoria educativa y formativa de los ciudadanos canarios. Esta Proposición No de Ley (PNL), impulsada por el Grupo Socialista y admitida a trámite el 30 de octubre, aborda una anomalía sistémica al ofrecer una herramienta integrada y verificable de formación, similar a la «vida laboral», lo cual tiene implicaciones directas en la lucha contra la fricción laboral y el fraude. El Archipiélago busca, con esta herramienta, simplificar drásticamente los trámites de selección, becas y oposiciones, al tiempo que garantiza la seguridad jurídica de las acreditaciones. El Grupo Parlamentario Socialista Canario, a instancias de la diputada Yaiza López Landi, ha lanzado la propuesta.
El valor estratégico de este registro es crucial para la competitividad empresarial. Al dotar a la plataforma de validez administrativa y permitir el acceso verificado —previa autorización del candidato— a los historiales, se agiliza la selección de personal y se refuerza la confianza en la conformación de listas de empleo y órganos públicos. La PNL exige que el registro incluya la formación reglada no universitaria, la Formación Profesional, los certificados de profesionalidad y los cursos para el empleo, cubriendo la totalidad de las competencias educativas autonómicas. Este enfoque inclusivo busca, además, mejorar la equidad social, facilitando la acreditación de méritos a colectivos con trayectorias formativas discontinuas o no universitarias.
Para garantizar su máxima utilidad, el Parlamento insta al Gobierno a promover la colaboración con las universidades canarias (públicas y privadas) para la integración voluntaria de la información académica, actuando como complemento informativo del Registro Nacional de Titulados. La iniciativa pone especial énfasis en la necesidad de que la plataforma garantice la interoperabilidad con otros sistemas públicos esenciales, como la Carpeta Ciudadana y la vida laboral, alineándose con las leyes de administración digital.
Desde una perspectiva de gobernanza y ética pública, para López Landi, la creación de esta base de datos es una respuesta a la creciente demanda ciudadana de rigor. El registro está concebido como una herramienta poderosa para prevenir el fraude académico en el acceso a puestos de responsabilidad, asegurando la transparencia en el proceso de acreditación. La implementación de este sistema seguiría la estela de experiencias de éxito en otras regiones españolas (como Castilla y León, La Rioja o Euskadi) y se buscaría presentar la iniciativa en la Conferencia Sectorial de Educación para su posible extensión a nivel nacional, reafirmando el liderazgo de Canarias en la modernización de la gestión del capital humano.
