En Canarias, donde las islas parecen flotar entre el Atlántico y el tiempo, la energía no es solo electricidad ni viento ni sol, es negociación, es poder, es territorio disputado en despachos y comisiones, y así los diputados hablan de megavatios mientras los ingenieros calculan kilómetros de cable y los abogados leen normas que cambian de isla en isla, y uno se pregunta si la transición energética es una política de Estado o un juego silencioso de equilibrios, y mientras todo esto ocurre, el archipiélago espera, paciente y vigilante, porque incluso el sol y el viento pueden ser instrumentos de poder si se saben medir los intereses, y nada en estas islas sucede por casualidad, ni un panel fotovoltaico ni una turbina, sin que alguien, en algún lugar, haya trazado una línea invisible entre la inversión, la política y la historia.
En el Parlamento de Canarias, la política energética ha dejado de ser un simple tema técnico para convertirse en un campo de batalla geopolítico. Los debates sobre parques eólicos, fotovoltaicos y macroproyectos de almacenamiento no solo enfrentan a gobierno y oposición, sino que dibujan grietas profundas entre islas, intereses económicos y partidos políticos.
Islas en competencia: la energía como recurso estratégico
Gran Canaria y Tenerife, tradicionalmente los polos de poder económico y político del archipiélago, lideran la carrera por atraer inversiones en energía renovable. Cada megavatio instalado representa empleo, inversión y autonomía eléctrica, pero también provoca tensiones con otras islas, donde la distribución territorial de proyectos puede percibirse como desequilibrada o injusta.
La Palma y La Gomera, por ejemplo, han mostrado preocupación por la impacto ambiental y paisajístico, argumentando que los grandes parques podrían alterar ecosistemas sensibles y afectar al turismo, mientras Lanzarote y Fuerteventura destacan la necesidad de infraestructuras de almacenamiento y conexión para garantizar el suministro a todo el archipiélago.
Partidos y fricciones internas
El debate no solo es territorial, sino también partidista. Coalición Canaria defiende proyectos que permitan a las islas reducir su dependencia energética de la Península, mientras que el Partido Popular presiona para favorecer a empresas privadas y atraer inversión extranjera. Nueva Canarias y ASG actúan como bisagra, buscando equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad, mientras Vox se limita a cuestionar la “ideología verde” de cada iniciativa, reforzando posiciones simbólicas más que técnicas.
Los plenos recientes muestran cómo los consensos se fragilizan: iniciativas que en teoría deberían ser de consenso, como el impulso a la transición energética, acaban bloqueadas por enmiendas, retrasos o desacuerdos sobre criterios de ubicación, capacidad y financiación. La geopolítica interna del archipiélago se refleja en mapas de parques, kilómetros de cable submarino y permisos ambientales, convirtiendo a la energía en un instrumento de negociación política.
El Gobierno entre la inversión y la estabilidad
El Ejecutivo regional, consciente de la presión de Bruselas por cumplir los objetivos de descarbonización y eficiencia energética, debe equilibrar la oportunidad de inversión con la necesidad de mantener cohesión política. Fernando Clavijo y su equipo saben que cada proyecto es un riesgo: una decisión mal calibrada puede desencadenar protestas locales, conflictos interinsulares y disputas parlamentarias.
La transición energética ha puesto en evidencia que la verdadera negociación no se da solo en la mesa del Gobierno, sino en despachos, comisiones y reuniones técnicas donde asesores, ingenieros y abogados discuten cada megavatio como si fuera un tratado internacional.
Conclusión: energía como nuevo eje de poder
En Canarias, la geopolítica de la energía ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un marcador de poder político. Cada proyecto eólico o fotovoltaico representa más que electricidad: es territorio, inversión, influencia y, sobre todo, un instrumento de negociación entre islas y partidos.
El Parlamento del archipiélago se enfrenta así a un dilema clásico de la política moderna: cómo avanzar hacia un futuro sostenible sin fracturar la compleja red de intereses históricos, territoriales y partidistas que define la realidad canaria. Y mientras se negocian turbinas y paneles, la política local recuerda que incluso la energía más limpia puede iluminar grietas profundas.
