En Canarias, los impuestos no solo financian servicios, sino que se han convertido en herramientas de negociación política entre islas y partidos. La gestión del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago, que otorga ventajas fiscales únicas como el IGIC reducido o incentivos para empresas, sigue siendo motivo de fricciones en el Parlamento autonómico.
Los últimos datos del Consejo de Gobierno de Canarias muestran que el límite de gasto no financiero para 2026 se fija en 12.143 millones de euros, lo que supone un incremento de 538 millones respecto a 2025. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, indicó que de esa cifra, 7.900 millones corresponderían al sistema de financiación autonómica, sumando 6.800 millones de entregas a cuenta y 1.100 millones de liquidación definitiva del año 2024. Por su parte, los ingresos del bloque de financiación canaria se estiman en 2.878 millones, frente a los 2.808 millones de 2025.
Estos números revelan un incremento del gasto computable de 307 millones, aunque Asián advirtió que las cifras se han calculado según la ley de 2012, mucho más restrictiva, y que están pendientes de la transposición de la nueva normativa europea de gasto, más flexible, que podría modificar estos montos antes de la aprobación definitiva de los presupuestos. Además, el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos dos años complica la planificación regional y condiciona la ejecución de fondos para políticas sociales e inversión pública.
La distribución fiscal también mantiene desequilibrios entre islas: Tenerife y Gran Canaria concentran la mayor parte de la recaudación, mientras La Palma, La Gomera y El Hierro dependen más de transferencias compensatorias y fondos europeos. Esta situación alimenta debates parlamentarios sobre la armonización fiscal interna y la equidad en la inversión pública. Partidas estratégicas como los incentivos a transporte interinsular, logística y desarrollo industrial suelen ser objeto de negociaciones entre portavoces y grupos parlamentarios, en busca de garantizar que la inversión llegue a cada isla según sus prioridades.
La política fiscal canaria sigue reflejando, en definitiva, la tensión histórica entre equidad territorial y eficiencia económica, mientras el Gobierno regional busca mantener la autonomía financiera en un marco europeo y nacional complejo.
