La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, ha negado la relación entre la inmigración irregular y el aumento de la criminalidad en las islas. En su comparecencia de este lunes ante el Parlamento autonómico, Martínez fue categórica: «La Fiscalía no puede dar un salto al vacío con afirmaciones sin base. Hoy por hoy no tenemos ningún dato» que demuestre una vinculación directa entre ambos fenómenos.
María Farnés respondió así este lunes a las acusaciones lanzadas la semana pasada por Samuel Vázquez, portavoz nacional de seguridad de Vox, quien había insinuado que la Fiscalía manipulaba las estadísticas para «ocultar» un supuesto incremento de la criminalidad ligado a una inmigración «desbordada».
Uno de los puntos clave del discurso público en torno a la criminalidad ha sido el incremento del 200% en las agresiones sexuales registrado entre 2017 y 2024, según datos del Ministerio del Interior. Farnés llamó a la cautela en la interpretación de estas cifras: «Desde 2022 todas las agresiones sexuales se han unificado bajo una sola categoría”. Anteriormente, las estadísticas diferenciaban entre agresión sexual con penetración, abusos y otros delitos contra la libertad sexual, lo que fragmentaba las cifras. La actual consolidación en una única categoría, si bien mejora la tipificación legal, infla artificialmente el dato comparado con años anteriores.
Además, la Fiscal Superior puntualizó que es imposible extraer el porcentaje de delitos sexuales cometidos específicamente por migrantes en situación irregular. Recordó que la política de derivación rápida implica que la mayoría de los adultos son trasladados a la Península en 15 a 30 días, y el resto del flujo está compuesto principalmente por menores no acompañados.
En su análisis de la realidad migratoria, María Farnés señaló un dato relevante: la llegada de inmigrantes irregulares a las costas canarias ha descendido significativamente en 2025, representando solo una cuarta parte de las registradas en 2024, debido a un desplazamiento del flujo hacia la ruta argelina. Este briefing apunta a la naturaleza cambiante y externa de la presión migratoria en la frontera sur europea.
Respecto a la situación en los centros de acogida, la Fiscal instó a intensificar las inspecciones semestrales que establece la ley, reconociendo que «no siempre se cumple» por limitaciones logísticas. Detalló que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han incoado una docena de expedientes por delitos cometidos dentro de los centros y quince fuera, siendo la mayoría amenazas, hurtos, lesiones o una agresión sexual leve. Un dato que, en el contexto de un sistema de acogida bajo presión, no valida la tesis de una ola criminal generalizada.
Más allá del debate migratorio, la memoria de la Fiscalía de 2024 arroja luz sobre problemas estructurales internos de Canarias. El Archipiélago registró más de 165.000 procedimientos penales, con un notable crecimiento en Las Palmas (+17,3%).
A pesar de la disminución en homicidios y delitos contra el patrimonio, existe alarma por el aumento de los delitos sexuales contra menores de 16 años. La Fiscalía subraya que muchos de estos casos son técnicamente relaciones consentidas entre jóvenes que la ley tipifica como delito, o bien se originan en entornos familiares desestructurados.
La Fiscal Superior criticó la lentitud en la implementación de programas de prevención del acoso escolar y alertó sobre el incremento de menores abandonados a causa de la crisis económica y habitacional.
Finalmente, María Farnés reclamó a Sanidad y Bienestar Social una solución urgente para los cerca de 600 pacientes dados de alta médica que siguen ocupando camas hospitalarias, y exigió un nuevo palacio de justicia para Santa Cruz de Tenerife que iguale las condiciones de la sede de Las Palmas de Gran Canaria, dada la precariedad de las instalaciones actuales.
