La política canaria es experta en crear soluciones nominales para problemas estructurales. El último ejemplo es la respuesta parlamentaria remitida a la diputada Socorro Beato sobre la nueva Unidad Administrativa Temporal (UAT) de Integridad Institucional. Un informe que, bajo un barniz de modernidad y citas de la OCDE, esconde la fragilidad de un sistema que pretende vigilarse a sí mismo desde una posición de debilidad jerárquica.
El primer dato que chirría en el diseño de esta unidad es su ubicación en el organigrama. La UAT depende de la Dirección General de Modernización, la cual depende de una Viceconsejería, que a su vez depende de la Consejería de Presidencia. En el ecosistema de la administración pública, la independencia es directamente proporcional a la distancia con el poder ejecutivo. Al situar la «lucha contra la corrupción» dentro de una Dirección General, el Gobierno está creando un vigilante que debe pedir permiso a sus superiores para actuar. ¿Qué capacidad real tendrá un técnico de esta unidad para señalar una irregularidad en una Consejería potente si su propio jefe es un cargo político nombrado por ese mismo Gobierno?
La paradoja de la temporalidad
Resulta casi poético que un plan para erradicar una práctica «corrosiva» y «estructural» como la corrupción se encomiende a una unidad temporal. El Gobierno justifica esta creación para dar cumplimiento a la Ley 2/2023 de protección al informante, pero lo hace con una estructura que parece diseñada para cumplir el expediente y desaparecer.
La integridad institucional no es un proyecto con fecha de entrega; es un hábito administrativo. Fiar el cambio cultural a una unidad con fecha de caducidad sugiere que el Ejecutivo ve la ética como un trámite burocrático más -como quien rellena un formulario de calidad- y no como una reforma profunda del ADN de nuestras instituciones.
El espejo de otras comunidades
Mientras Canarias opta por una oficina interna y temporal, otras comunidades autónomas han tomado el camino de la independencia real. Agencias Antifraude como la de la Comunidad Valenciana o Cataluña son entes con personalidad jurídica propia que rinden cuentas al Parlamento, no al Consejero de turno. El modelo canario, por el contrario, nace «atado». La unidad se encargará de elaborar un Código Ético y un Mapa de Riesgos, herramientas útiles en el papel, pero que sin una autoridad independiente que las ejecute, corren el riesgo de convertirse en literatura gris en las estanterías de la Administración.
La respuesta del Gobierno es impecable en las formas, pero insuficiente en el fondo. La unidad carece de la autonomía necesaria para ser un verdadero contrapeso. Su labor será técnica y consultiva, pero difícilmente fiscalizadora. Gestionar el canal de denuncias desde dentro del propio Gobierno es, como mínimo, disuasorio para cualquier funcionario que quiera alertar sobre una mala práctica. El uso de términos como «liderazgo transformador» busca modernizar la fachada de una administración que sigue arrastrando los mismos vicios de opacidad.
La creación de esta unidad es un paso, pero es un paso tímido. Canarias no necesita más unidades temporales bajo el mando del político de turno; necesita una Agencia de Integridad Independiente que no tenga miedo a morder la mano que la alimenta. Hasta que eso ocurra, la «integridad institucional» en las Islas seguirá siendo, lamentablemente, un concepto administrativo de duración determinada.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
