
El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo para encauzar uno de los mayores cuellos de botella del Estado del bienestar en el Archipiélago. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia, Candelaria Delgado, ha anunciado una dotación de 1.132 millones de euros para la Dependencia en el periodo 2025-2028, una cifra que el Ejecutivo autonómico califica de “histórica” y que busca corregir años de infrafinanciación del sistema.
El anuncio, realizado en una entrevista en Buenos Días Canarias (RTVC), tiene una clara lectura parlamentaria. La financiación de la Dependencia ha sido uno de los asuntos más recurrentes en los debates del Parlamento de Canarias durante la legislatura, tanto en sesiones de control como en la discusión de los presupuestos autonómicos, donde la oposición ha denunciado reiteradamente que los precios por plaza y por hora estaban muy por debajo del coste real del servicio.
El nuevo marco financiero permitirá actualizar de forma sustancial el coste por usuario en residencias, centros de día y prestaciones vinculadas, así como elevar el precio de la ayuda a domicilio de 14 a 22 euros la hora. Según Delgado, se trata de la primera vez que Canarias acomete una subida de esta magnitud.
“Nos acercamos casi al 99% del coste real de los servicios”, subrayó la consejera, una afirmación que conecta directamente con uno de los principales reproches formulados en sede parlamentaria en los últimos años: que los cabildos y ayuntamientos estaban asumiendo con fondos propios una parte estructural del sistema.
Este desfase ha sido objeto de múltiples iniciativas parlamentarias, con especial énfasis en las listas de espera y en la desigualdad territorial en el acceso a los servicios. La consejera defendió que el nuevo modelo persigue precisamente homogeneizar la atención, con independencia de la isla o el municipio de residencia.
El plan se articulará a través de convenios reforzados con los cabildos insulares, que aportarán 469 millones de euros adicionales. El objetivo, según el Ejecutivo, es consolidar un sistema estable y previsible que evite los adelantos financieros forzosos que han protagonizado varios cabildos en ejercicios anteriores, una situación duramente criticada en el Parlamento.
Delgado reconoció que el acuerdo es fruto de casi un año de negociaciones para diseñar un sistema común. “Que vivas donde vivas en Canarias tengas asegurados los servicios y se presten de igual manera”, resumió, una idea que ha sido ampliamente debatida en la Cámara autonómica ante las diferencias históricas entre islas.
La intervención de la consejera también abordó otro asunto con fuerte eco parlamentario: la transferencia de 100 millones de euros del Estado para la atención a menores migrantes. Delgado aclaró que no se trata de financiación adicional, sino de un adelanto de fondos ya previstos, incluidos 50 millones pendientes de abono.
“Es dinero para ejecutar entre 2025 y 2026, no una mayor financiación”, precisó, desinflando así las expectativas generadas tras el anuncio del Consejo de Ministros. La matización no es menor: en el Parlamento de Canarias, varios grupos han advertido del riesgo de confundir anticipos con nuevos recursos estructurales, especialmente en un contexto de presión creciente sobre los servicios sociales.
Aunque la cifra global de 1.132 millones marca un punto de inflexión, el foco político se desplaza ahora hacia la ejecución real del presupuesto. En la Cámara autonómica ya se anticipa que el seguimiento del despliegue de estos fondos será uno de los ejes del debate social en los próximos años, especialmente en lo relativo a la reducción de listas de espera y a la sostenibilidad del sistema a medio plazo.
El Gobierno defiende que ha puesto las bases para un cambio estructural. El Parlamento, previsiblemente, ejercerá de termómetro político para medir si esta financiación “histórica” se traduce, finalmente, en una atención digna y efectiva para las personas dependientes en Canarias.















