El 7 de junio de 2026 marca la fecha límite para la transposición de la Directiva europea 2023/970 de transparencia retributiva, una norma que alterará de forma sustancial las reglas del juego en el mercado laboral español. A partir de esa fecha, toda oferta de empleo deberá incluir el salario inicial o una banda salarial específica para el puesto, las empresas no podrán preguntar a los candidatos sobre su retribución anterior, y cualquier empleado tendrá derecho a solicitar los salarios medios desglosados por sexo para quienes realicen funciones equivalentes. La inversión de la carga de la prueba completa el dispositivo: serán las empresas las que deban demostrar que sus diferencias salariales están justificadas, no los trabajadores quienes deban probar la discriminación.
El calendario de implementación es progresivo. Las empresas con más de 250 empleados deberán publicar informes anuales sobre su brecha salarial desde junio de 2027; las de entre 150 y 249 trabajadores, desde 2028; y las de más de 100, desde 2031. Cuando esos informes revelen una diferencia retributiva del 5% o superior sin justificación objetiva, será obligatorio adoptar medidas correctivas. Las sanciones, reguladas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, pueden alcanzar los 225.018 euros en los casos más graves.
La norma coincide en el tiempo con otros ajustes relevantes del mercado laboral español. El Salario Mínimo Interprofesional se fijó en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas para 2026, un 3,1% más. La base máxima de cotización a la Seguridad Social subió un 3,9% hasta los 5.101,20 euros mensuales. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasó del 0,80% al 0,90%, y la nueva Cuota Adicional de Solidaridad aplica tipos del 1,15% al 1,46% según el tramo de exceso sobre la base máxima. En conjunto, el coste laboral para las empresas españolas continúa su escalada regulatoria, lo que plantea una pregunta incómoda que rara vez se aborda con rigor en el debate público: si cada nueva capa de obligación encarece la contratación formal, el efecto sobre el empleo no cualificado y la economía sumergida puede ser exactamente el contrario del que persigue el legislador.
