El Pleno del Parlamento de Canarias se ha convertido este martes en el escenario de una profunda crisis de autoridad que va más allá de la mera disputa competencial. La comparecencia del presidente canario, Fernando Clavijo (CC), a raíz del tercer auto del Tribunal Supremo que exige al Gobierno de España asumir a los menores migrantes solicitantes de asilo, plantea una pregunta fundamental: ¿Qué ocurre cuando el poder soberano desoye la ley y los fallos del tribunal superior?
El discurso de Clavijo se articuló alrededor del concepto de la lealtad institucional como una calle de doble sentido. Acusó al Estado de haber roto ese pacto, no por un desacuerdo político, sino por una «desobediencia» directa al mandato judicial. La tesis del presidente nacionalista es que, al haber agotado el recurso judicial, la Comunidad Autónoma se encuentra en un vacío de poder. «Ya no sabemos qué más hacer, si el Estado desobedece al Supremo, no nos queda ninguna instancia más a la que recurrir,» sentenció Clavijo.
El Ejecutivo autonómico se declara en un estado de frustración donde la instancia última de apelación (el Supremo) ha sido neutralizada por el propio poder soberano (el Gobierno central). Clavijo replicó al reproche del PSOE sobre la «confrontación permanente» aludiendo a la clásica distinción: la lealtad no es «sumisión», sugiriendo que la defensa de la ley y de los intereses del territorio prevalece sobre la disciplina partidista.
La réplica de Sebastián Franquis (PSOE) reveló una dialéctica distinta. Para el socialista, la solución a la crisis migratoria debe anclarse en la primacía de la cooperación y la lealtad institucional entendida como la búsqueda de la «solución» y no la «confrontación» o la aplicación rígida de la ley. Franquis defendió el consenso político previo que permitió la modificación de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio, lamentando que Clavijo «busque la confrontación permanente» en lugar del «entendimiento».
Este argumento, aunque pragmático en términos de gobernanza, choca con el principio de legalidad y el imperio del Estado de Derecho que el Supremo intenta hacer valer. Para el PSOE, el problema es de eficacia administrativa y complejidad; para Clavijo y otros grupos, es de cumplimiento inexcusable de un mandato judicial.
A excepción de Vox, que mezcló la crítica al Gobierno Sánchez con el temor al «efecto llamada», el resto del arco parlamentario coincidió con la preocupación de Clavijo respecto a la inacción del Estado y el incumplimiento judicial. CC y AHI exigieron el cese de las «dilaciones» y la ejecución inmediata del auto, con Raúl Acosta (AHI) advirtiendo que ignorar al Supremo podría constituir un «acercamiento a la prevaricación».
El PP y NC lamentaron la «complacencia» y la falta de «altura» del Gobierno central, si bien Luis Campos (NC) introdujo una nota de realismo al señalar la hipocresía política de aquellos que exigen el cumplimiento del auto (asilo) mientras boicotean el reparto del resto de menores (Ley de Extranjería). En última instancia, el debate en Canarias expone un fallo sistémico. El «hacinamiento» de 4.554 menores no acompañados es el síntoma de que el pacto de protección social y el orden jurídico han colapsado bajo la presión de la crisis migratoria. La pregunta final de Clavijo —»si el Estado desobedece al Supremo, no nos queda ninguna instancia más»— resuena como una interpelación directa sobre la fragilidad del monopolio legítimo de la fuerza y la ley en la España de las autonomías. El conflicto en Canarias es la representación palpable de un déficit de soberanía funcional en un Estado compuesto.
