En la economía política del mar, la escasez no siempre la dicta la biología; a menudo la impone la regulación. En las Islas Canarias, el conflicto por el acceso al litoral ha revelado una estructura de mercado distorsionada por lo que se conoce como captura del regulador. José Landa, portavoz de la Asociación de Pescadores Submarinos de Recreo, ha denunciado una realidad incómoda: el sector pesquero profesional actúa como un lobby de protección de rentas que tiene al poder político —encarnado especialmente en las siglas de Coalición Canaria— «comiéndole de la mano».
El papel de Coalición Canaria: El «panfleto» como ley
La Proposición No de Ley (PNL) de 2025 para mantener las restricciones a la pesca submarina ha sido el detonante de esta denuncia. El documento, defendido por el diputado nacionalista Mario Cabrera (CC), ha sido calificado por los afectados como un «panfleto lleno de argumentos engañosos». Desde la óptica de la gobernanza, este movimiento de Coalición Canaria se interpreta como un blindaje político a las cofradías de pescadores, priorizando el clientelismo histórico sobre la evidencia científica del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que niega cualquier justificación biológica para el modelo actual de exclusión.
Esta alianza entre el lobby profesional y el partido nacionalista mantiene vetado el 80% del litoral a una actividad que la FAO define como la más sostenible. Para Landa, es una «injusticia» que CC ignore sistemáticamente los estudios de las universidades canarias para proteger los privilegios de un sector profesional que, tras perder el banco sahariano hace 40 años, ha convertido el litoral isleño en su reserva exclusiva bajo el amparo de la administración regional.
El coste de oportunidad de la exclusión
Desde un punto de vista macroeconómico, la estrategia de Coalición Canaria está frenando un motor de riqueza infravalorado. Con 6.000 licencias en las islas, la pesca recreativa genera un impacto de 400 millones de euros y sostiene 4.000 empleos. Sin embargo, este colectivo ha sido borrado de la Estrategia Canaria de Economía Azul y de la Estrategia de Soberanía Alimentaria, dos pilares del actual Ejecutivo que parecen diseñados a medida del sector profesional.
La ciencia frente al clientelismo
Si Canarias aspira a una gestión moderna de sus aguas, no puede permitir que su legislación se redacte bajo la presión de lobbies que evitan la competencia a toda costa. El mantenimiento de estas restricciones, amparadas por el aparato político de CC, contradice la ciencia oficial y daña la seguridad jurídica del archipiélago. La advertencia de Landa es un aviso a navegantes: la «captura» del mar por intereses particulares no se detendrá en la pesca submarina; es una amenaza para el uso público y democrático del litoral canario.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
