La comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias ha solicitado una nueva prórroga, que se extendería hasta el 31 de marzo de 2026 si la Mesa de la Cámara lo autoriza. Se trata ya de la cuarta ampliación de un proceso que, inicialmente, estaba previsto para seis meses y que se ha ido prolongando debido a la complejidad de las comparecencias y de la redacción del dictamen final.
La decisión fue adoptada el pasado viernes 28 de noviembre por la mesa de la comisión, presidida por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta. En esa misma reunión se acordó fijar una nueva sesión para el 15 de diciembre, en la que se evaluará la propuesta del Partido Popular para solicitar una segunda comparecencia del expresidente Ángel Víctor Torres, a raíz de los últimos datos relacionados con el pago de 17 millones de euros a empresas vinculadas al conocido caso Koldo.
El PP ya había anunciado el 19 de noviembre su intención de reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas del exmandatario socialista. Paralelamente, la mesa de la comisión también ha pedido habilitar el mes de enero para la celebración de reuniones adicionales, ya sea de la comisión o de la ponencia, con el fin de avanzar en un dictamen que continúa pendiente de consenso.
Las sucesivas prórrogas responden a motivos distintos: las dos primeras se debieron a la necesidad de incorporar más comparecencias, mientras que la tercera y la actual se justifican por el trabajo de redacción del informe final, que debe elaborarse de manera conjunta entre la presidencia y los grupos parlamentarios. El proceso se vio envuelto en polémica cuando, en octubre, se filtró a los medios el borrador del dictamen redactado por Acosta, lo que provocó críticas del Grupo Socialista, que incluso pidió su dimisión.
En ese borrador, Acosta sostiene que la responsabilidad política por lo ocurrido no se limita a la destitución de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud. El texto carga especialmente contra el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, un órgano informal de asesoramiento que -según el documento- operó sin marco jurídico claro y otorgó a Domínguez una capacidad de gestión de contratos que el presidente de la comisión considera “irregular a todas luces”.
El documento preliminar añade que, si el Gobierno autonómico atribuyó al comité parte del éxito en la gestión de la pandemia, sus integrantes también deberían asumir responsabilidades cuando las decisiones adoptadas “no funcionaron”. La comisión de investigación se constituyó el 20 de mayo de 2024, a iniciativa de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas en el denominado ‘caso Mascarillas’. Su dictamen final, sin embargo, continúa pendiente en un proceso que se extiende ya por más de año y medio.
