Pasar la inspección técnica en Canarias será oficialmente más caro a partir de este mes de febrero. La Dirección General de Industria ha tenido que sacar la calculadora de emergencia ante una situación inédita: la fórmula legal para actualizar los precios se ha roto estrepitosamente. Con los convenios colectivos del sector siderometalúrgico caducados y sin nuevas tablas salariales para este año , el Gobierno se ha visto obligado a improvisar una actualización «provisional» para evitar que las estaciones lloren por su rentabilidad.
El incremento total se ha fijado en un 3,85%. Esta cifra no es un capricho del destino; nace de sumar el 2,8% del IPC de Canarias y un recargo adicional del 1,05% para cubrir nuevos «costes estructurales». Lo irónico es que el Gobierno ha tenido que recurrir al IPC porque el Índice de Garantía de Competitividad salió negativo (-0,72%), lo que en un mundo lógico habría congelado los precios. Pero en política, cuando la fórmula no da el resultado deseado, simplemente se cambia la fórmula.
Ciberseguridad y coladas: los costes que usted no sabía que pagaba
Lo más sangrante de esta resolución es el desglose de ese 1,05% extra. No se trata solo de inflación; ahora el usuario financia por decreto la «descontaminación industrial obligatoria de la ropa de trabajo» y el tiempo que los empleados pasan aseándose dentro de su jornada laboral. Además, usted también paga el blindaje de los sistemas informáticos contra hackers, ya que las estaciones deben adaptarse al Esquema Nacional de Seguridad. Básicamente, si el mecánico tiene el mono limpio y el servidor a salvo de troyanos, es gracias a su bolsillo.
En este reparto del botín no ha faltado la ambición empresarial. La entidad ITV Santa Cruz de La Palma, S.L. intentó elevar la apuesta reclamando un incremento del 4% adicional al IPC, lo que habría sido un golpe de gracia para el contribuyente. Sin embargo, la Dirección General les ha dado un portazo administrativo, calificando su pretensión de carecer de «anclaje suficiente» y recordándoles que el precio máximo no está para pagarles las inversiones iniciales. Un «no» rotundo para frenar, al menos un poco, la voracidad del sector.
Para que prepare la cartera, la nueva tabla anexa no deja lugar a dudas: los sufridos usuarios de ciclomotores pagarán una base de 15,85 €. Para el resto, un turismo de gasolina catalizado o un diésel moderno pagará una base de 31,81 € , a la que hay que sumar 4,96 € o 14,06 € respectivamente por la prueba de emisiones. Si conduce un vehículo pesado (más de 3.500 kg), la broma sube a los 45,56 € de base más el correspondiente extra por humos. Y recuerde: a estos precios todavía tiene que sumarle el IGIC y la tasa de Tráfico. Es el coste de la seguridad vial en un archipiélago donde hasta la lavadora de la estación es un asunto de interés público.
