La reforma fiscal que se despliega a lo largo de 2026 merece leerse con la lupa del análisis coste beneficio, no con la liturgia de la justicia redistributiva. El nuevo tramo del 1% en el IGIC aplicable a los derivados del petróleo, presentado como medida ambiental, opera en la práctica como un gravamen encubierto sobre la logística interinsular, un sector en el que el búnkering portuario y el transporte de mercancías ya soportan una carga fiscal superior a la media peninsular y cuyos costes se trasladan mecánicamente al precio final de los bienes que llegan a las islas.
La deducción por emprendimiento canario en el IRPF, limitada a contribuyentes con base imponible reducida, es un gesto simbólico cuya capacidad de activar capital riesgo resulta dudosa cuando se compara con regímenes autonómicos más generosos, como el vasco o el navarro. Donde la reforma sí introduce un cambio estructural es en la ampliación a cuarenta años del régimen de protección sobre vivienda nueva, un instrumento que convierte el balance del promotor en un activo de rentabilidad garantizada a muy largo plazo y que, bien ejecutado, podría atraer capital institucional al segmento residencial regulado.
El riesgo implícito es conocido, porque cuando la administración fija precios y alquileres durante cuatro décadas introduce en el mercado una rigidez que tarde o temprano se paga en forma de desinversión privada en el tramo libre y, paradójicamente, de mayor presión sobre la oferta disponible para el residente. La suma de estas medidas dibuja una economía insular en la que la administración pretende simultáneamente incentivar la inversión y contenerla, fomentar el consumo verde y penalizar su vector logístico, proteger al residente y sostener el atractivo para el capital externo.
Esa doble función es sostenible mientras el REF y el diferencial competitivo canario aguanten la presión armonizadora de Bruselas, pero el margen se estrecha. En los próximos meses, el verdadero examen llegará cuando la Comisión revise los regímenes fiscales ultraperiféricos y Canarias tenga que justificar, con datos y no con retórica, que sus ventajas fiscales generan actividad real y no simple arbitraje contable.
