En el archipiélago canario, la fiscalidad ha dejado de ser una herramienta de recaudación para convertirse en un manifiesto de soberanía económica. Mientras el Gobierno central en Madrid impulsa una armonización al alza del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), Canarias ha consolidado una estrategia de desgravación virtualmente total. Un análisis del Banco de España de 2025 sugiere que la recaudación nacional del ISD podría triplicarse hasta los 10.200 millones de euros (0,74% del PIB) si se eliminaran las bonificaciones autonómicas. Sin embargo, los datos reales procedentes de las islas cuentan una historia de incentivos económicos y erosión controlada de ingresos que desafía los modelos de microsimulación estática.
Para Canarias, la estimación del Banco de España sitúa en unas 28.700 declaraciones del ISD anuales (sobre la base de 2022), partiendo de 23.178 declaraciones en 2015 y ajustando por el crecimiento de las defunciones en el archipiélago, que pasaron de 15.110 en 2015 a 18.712 en 2022. El simulador reproduce con fidelidad la recaudación efectiva cuando se parametriza con la legislación de 2022, arrojando una infraestimación de apenas el 0,9% respecto a los datos reales de la IGAE. Pero es precisamente la legislación posterior a 2022, el Decreto-ley 5/2023, la que ha dinamitado la capacidad recaudatoria del tributo en las Islas, algo que el modelo del supervisor no captura porque su escenario base se detiene en el ejercicio anterior a la reforma.
Lo que los datos del ISTAC revelan para 2024, un desplome del 43% en la recaudación, no es un accidente sino el resultado previsible y deliberado de una decisión política que responde a una lógica fiscal coherente: si el coste recaudatorio de eliminar el ISD es de unos 35-40 millones anuales, y el presupuesto total de ingresos de la Comunidad Autónoma supera los 9.000 millones de euros, la renuncia fiscal equivale a menos del 0,5% del presupuesto, un precio modesto por facilitar la transmisión intergeneracional de patrimonio en una región ultraperiérica donde el diferencial de renta respecto a la media nacional y europea ya impone barreras suficientes a la acumulación de capital. La recaudación total por tributos cedidos en Canarias alcanzó los 3.664 millones en 2024, récord histórico, lo que demuestra que la eliminación del ISD no ha erosionado la base fiscal global del archipiélago.
La implementación del Decreto-ley 5/2023 en Canarias, que introdujo una bonificación del 99,9% en la cuota tributaria para familiares directos y colaterales cercanos, ha alterado radicalmente el mapa fiscal regional. Según cifras del ISTAC de marzo de 2025, la recaudación por este tributo en las islas se desplomó un 43,3% en 2024, cayendo de 82,0 millones a 46,5 millones de euros. Este retroceso se produce paradójicamente en un año récord de ingresos tributarios globales para la comunidad (3.664 millones), lo que indica que la renuncia al ISD representa apenas un 1,2% de la caja común, un coste que el Ejecutivo regional de CC-PP considera asumible a cambio de facilitar la transmisión intergeneracional de capital.
El ejercicio teórico del Banco de España asume que los contribuyentes son agentes pasivos, ignorando la «eutanasia fiscal» o relocalización de residencia que suele seguir a los incrementos impositivos sobre el patrimonio. En Canarias, la base liquidable media de las herencias oscila entre los 35.000 y 40.000 euros, lo que sitúa al grueso de los afectados en la clase media con activos ilíquidos, como la vivienda habitual o pequeños negocios familiares. La imposición de tipos estatales de referencia no solo gravaría rentas ya castigadas por el IRPF o el IGIC, sino que podría forzar la liquidación de activos en una economía ultraperiférica donde la acumulación de ahorro privado es históricamente inferior a la media europea.
La tendencia en el archipiélago se alinea con la de socios comunitarios como Portugal, Austria o Suecia, que han eliminado el gravamen sucesorio sin comprometer su sostenibilidad fiscal. La paradoja del modelo español reside en que, mientras Bruselas exige una consolidación fiscal estricta tras la Operación «Epic Fury» y la crisis energética, Madrid busca capturar 7.000 millones de euros adicionales mediante la armonización de un tributo que en la mayoría de las regiones es ya marginal. Para Canarias, esta centralización fiscal supondría una «amputación» de su capacidad normativa, ya limitada por las singularidades del REF y la ZEC.
El debate trasciende la aritmética presupuestaria para entrar en el terreno de la eficiencia del gasto público. Si el objetivo de la armonización es la equidad territorial, el resultado práctico en las islas podría ser el contrario: un castigo a la formación de capital local en un territorio que ya soporta costes estructurales de insularidad. Mientras los depósitos y las donaciones en vida repuntan en las islas tras la bonificación, el Gobierno central insiste en un tipo mínimo común que neutralizaría la ventaja competitiva canaria, transformando la cohesión territorial en una uniformidad que ignora la realidad de los balances familiares en el Atlántico medio.
