El Gobierno de Canarias ha tomado una decisión drástica para evitar un vacío de seguridad en el archipiélago. Ante la convocatoria de huelga indefinida por parte del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) en la empresa del expresidente de Abengoa, Pegasus Aviación, S.A.U., la Consejería de Política Territorial ha decretado servicios mínimos que, en la práctica, suponen la operatividad total del servicio. A partir del 1 de febrero de 2026, los pilotos y copilotos destinados a emergencias deberán mantener el 100% de su actividad habitual para garantizar la protección de la ciudadanía.
En la soledad tecnológica de una oficina de Santa Cruz de Tenerife, el exconsejero Julio Pérez firmó el destino de 53,1 millones de euros con la indiferencia de quien despacha un trámite de oficina hacia el vacío. El contrato de helicópteros de emergencias de 2022 no es más que la última oración fúnebre de un Estado que ha renunciado a su propia soberanía operativa para refugiarse en el músculo financiero de Pegasus Aviación. En este simulacro de seguridad, donde una sola oferta en solitario bastó para sellar el pacto, el rescate de vidas humanas se convierte en una fría transacción por horas de vuelo cofinanciada por una Europa que solo entiende el lenguaje de la contabilidad. Es la victoria definitiva de la logística sobre la épica: el cielo canario ya no es un espacio de libertad, sino un activo fijo en el balance de una UTE que ha aprendido a facturar la angustia a 1.070 euros la hora.
Así, en junio de 2022, mientras el ruido político de la legislatura avanzaba hacia su ocaso y sin que el caso Mediador apariera en el horizonte, el entonces consejero Pérez, estampaba su firma digital en la Orden 127/2022. No era un documento cualquiera; era la culminación de un proceso de adjudicación armonizada para el servicio de helicópteros de emergencias de Canarias, un contrato blindado con 53,1 millones de euros de fondos públicos y cofinanciado por la Unión Europea a través del programa FEDER. En los despachos de Santa Cruz de Tenerife, la seguridad se medía en horas de vuelo y disponibilidad permanente, una logística de supervivencia que el Gobierno socialista delegó en un consorcio con pedigrí empresarial.
La adjudicataria fue la UTE Pegasus Aviación – Off Shore Ges. Tras este nombre se escondía la sombra del expresidente de Abengoa, quien a través de Pegasus Aviación (anteriormente conocida como Faasa) logró hacerse con el control absoluto del cielo canario en una licitación donde fue el único licitador que presentó oferta. Para una administración que proclamaba la transparencia, la soledad de Pegasus en el concurso resultó ser una coincidencia conveniente: una oferta de 92,6 puntos sobre 100 que garantizaba que, ante cualquier avería o imprevisto, la reposición del servicio sería inmediata, como si el azar pudiera ser domesticado mediante una cláusula administrativa.
1.070 euros por hora
El contrato no solo era ambicioso por su cuantía, sino por su estructura financiera. El presupuesto se desglosó en una tarifa fija de 47,5 millones de euros por la mera disponibilidad de las aeronaves y su tripulación, más un variable por horas de vuelo fijado en 1.070 euros por hora. Era un sistema diseñado para la estabilidad: pagos anuales de 10,6 millones de euros hasta 2026, asegurando que, independientemente de la agitación política o económica, los helicópteros seguirían operando bajo una exención fiscal del IGIC.
Sin embargo, tras la pulcritud del Boletín Oficial se escondía una historia de «necesidades operativas» y urgencias presupuestarias. La tramitación fue anticipada y el gasto fue autorizado por el Gobierno en noviembre de 2021, tras un informe de fiscalización que inicialmente fue desfavorable. Al final, la UTE no solo se llevó el contrato, sino que lo hizo mediante una garantía definitiva de 2,6 millones de euros, parte de la cual se constituyó mediante la retención directa del precio en los abonos sucesivos. Es la imagen perfecta de una civilización que ha delegado sus funciones más vitales en manos privadas, convirtiendo la emergencia en una variable de ajuste contable que durará hasta finales de 2027.
Noticia escrita por Gara Vega H. Editado y verificado por José Luis Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
