La Consejería de Hacienda y Suficiencia Financiera del Gobierno de Canarias, el departamento encargado de diseñar y supervisar los presupuestos públicos del Archipiélago, ha sacado a concurso un contrato de casi 240.000 euros para contratar a una consultora privada que le redacte su propio plan estratégico 2028-2031 y sus programas operativos anuales.

La justificación técnica ofrecida por la Secretaría General Técnica de la Consejería es tan tajante como demoledora: la unidad administrativa responsable no cuenta en su plantilla con personal que posea el perfil adecuado ni la cualificación especializada para acometer la planificación por objetivos de la administración pública.
El contrato de asistencia técnica, que se alargará durante 24 meses a partir de enero de 2027 y que prevé un techo de gasto cercano a los 491.000 euros si se ejecutan las prórrogas y ampliaciones previstas, no es un hecho aislado. El departamento vuelve a recurrir a la privatización de esta labor de análisis estratégico ante el inminente vencimiento, fijado para el próximo 2 de diciembre, de la anterior contrata con otra firma privada que venía realizando exactamente las mismas funciones.
Asesores a 65 euros la hora para definir las políticas públicas
Las exigencias de la licitación imponen a la consultora adjudicataria la aportación de un equipo mínimo de tres personas externas: un jefe de proyecto con titulación superior y al menos una década de experiencia en evaluación de políticas públicas, acompañado por dos consultores sénior.
En total, la administración autonómica pagará un volumen de 4.000 horas de trabajo privado repartidas en dos años, abonando tarifas máximas fijadas en 65,01 euros la hora para la dirección del proyecto y 58,62 euros la hora para cada consultor.
El desembolso no solo cubrirá 164.697 euros en concepto de salarios del equipo externo, sino que destinará más de 72.000 euros de dinero público a sufragar los gastos de estructura y el beneficio empresarial de la consultora agraciada.
La paradoja resulta evidente dentro del organigrama autonómico: mientras el Ejecutivo canario exige un estricto cumplimiento de los planes estratégicos cuatrienales y programas anuales fijados por el decreto de dirección por objetivos de mayo de 2023, la Consejería responsable de las finanzas regionales reconoce de forma implícita su incapacidad para autoorganizarse con recursos propios.
Una dinámica que debilita el servicio público canario
El pliego de condiciones técnicas establece que la empresa ganadora deberá elaborar el diagnóstico de la Consejería antes de junio de 2027 y tener redactado el borrador final del plan estratégico antes del 31 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la adjudicación no se basará únicamente en la oferta económica más ventajosa, ya que la memoria técnica redactada por las consultoras privadas ponderará la mitad de la puntuación total del concurso.
La conversión de la planificación pública en un negocio para firmas privadas pone de manifiesto la progresiva desarticulación de la plantilla autonómica.
En lugar de dotar a las secretarías generales con personal funcionario especializado en gestión y evaluación, la Consejería de Hacienda prefiere perpetuar una dinámica de contrataciones externas en cadena que transfiere el diseño de las políticas estratégicas de la comunidad a gabinetes privados.















