Por fin, el Gobierno de Canarias ha decidido que pasear entre viñedos y explicar el misterio de la malvasía no es solo ‘cosa de agricultores’, sino un activo estratégico digno de la alfombra roja del sector servicios. Con la publicación del acuerdo en el BOC, el enoturismo abandona el limbo de las actividades complementarias para abrazar el ordenamiento de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Ahora, si usted cobra por enseñar su bodega, ya no es un simple cosechero con dotes de anfitrión; es, oficialmente, una empresa turística sometida al escrutinio del Registro General Turístico.
La administración, en un alarde de precisión terminológica, define la actividad como algo organizado y planificado que requiere -faltaría más- una contraprestación. Es decir, la hospitalidad canaria pasa por caja: si hay ticket, hay turista; si es gratis, es una visita de cortesía que no puntúa en las estadísticas de la Consejería de Turismo y Empleo. Este movimiento busca profesionalizar el sector, exigiendo incluso que se maneje la lengua de Shakespeare para explicar las bondades de un tinto volcánico a los viajeros que vienen buscando algo más que el «todo incluido» de la costa.
El fin del limbo de las barricas
Lo más jugoso de esta resolución es la urgencia administrativa que impone. Las bodegas tienen ahora un mes para inscribirse en el Registro General Turístico mediante un modelo de comunicación previa que la Consejería debe facilitar. Es el fin de una era de voluntarismo donde cada lagar hacía la guerra por su cuenta. Al calificarse como actividad turística, el Gobierno intenta matar dos pájaros de un tiro: fija población en las zonas rurales -evitando que el campo se convierta en un decorado vacío- y dota de seguridad jurídica a un sector que hasta ahora no sabía muy bien a qué ventanilla acudir cuando surgían problemas de licencias.
Este ‘ascenso’ de categoría no viene solo. El acuerdo se apoya en informes técnicos para justificar que el enoturismo es la herramienta definitiva contra el reto demográfico. En Bruselas esto suena a música celestial, pero sobre el terreno significa que el bodeguero debe estar listo para cumplir con normas de seguridad, salubridad y accesibilidad que antes quizá le sonaban a música lejana. La Administración advierte: la calificación turística no es un cheque en blanco; es una invitación formal a que la inspección del sector pase a saludar de vez en cuando para comprobar que todo está en orden.
Inglés, certificados y la bendición del suelo rústico
Resulta revelador ver cómo el texto menciona el Real Decreto 1128/2025 sobre certificados profesionales, subrayando la importancia de que el personal sepa atender a la clientela en inglés para que esta se sienta atendida en sus expectativas lúdicas. Parece que, para el Gobierno de Canarias, el futuro del sector primario no pasa solo por mejorar el riego, sino por asegurar que el guía sepa describir un vino sin titubear frente a un visitante internacional. Es la transformación definitiva de la bodega en un escenario donde el paisaje es el decorado y el vino, el protagonista de una experiencia de alto valor añadido.
Finalmente, el acuerdo se cura en salud utilizando la Ley del Suelo de 2017 para evitar que cualquier administración despistada confunda una bodega abierta al público con una actividad urbana ilegal. Al ser reconocido como un ‘uso complementario ordinario’, se permite que el turismo colonice positivamente el suelo rústico sin que se pierda la esencia de la superficie cultivada. En resumen, Canarias ha diseñado un traje a medida para que el vino sea el salvavidas de una economía que, aunque se vista de sostenibilidad y patrimonio, sigue dependiendo del flujo constante de visitantes con ganas de descubrir el territorio copa en mano.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
