
La indefinición política sobre su futuro jurídico —autonómico o estatal— mantiene en suspenso un modelo de gobernanza que será determinante para el liderazgo científico de Canarias en la próxima década. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda (CC), reconoció este martes ante el Parlamento autonómico que desconocía los pasos iniciados por el anterior Ejecutivo para integrar el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en la estructura administrativa de la comunidad, y que esa posibilidad queda ahora supeditada al desenlace del concurso por la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología.
Durante una interpelación solicitada por la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González, el consejero valoró la relevancia científica y de seguridad que aporta Involcan, pero admitió que solo ha tenido conocimiento de los planes de integración tras el registro de la pregunta parlamentaria.
“Ni por parte del Cabildo de Tenerife ni por parte de Involcan se había hecho saber esta necesidad de cambiar el accionariado para que formara parte de la comunidad autónoma. Esto se gestiona desde Hacienda y Patrimonio. Lo hemos conocido recientemente”, explicó Miranda, en alusión a un informe técnico encargado a la consultora Corporación 5 que evaluaba la viabilidad jurídica y económica de la operación.
El consejero apostó por una fórmula consorcial que agrupe al futuro centro nacional, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y los cabildos insulares, antes que una absorción directa del instituto.
“No es en este momento la prioridad del Gobierno. Estamos convencidos de que Involcan podrá tener en el futuro su encaje con la ACIISI y con el Centro Nacional”, señaló Miranda, quien subrayó que ni el Cabildo ni el instituto han trasladado formalmente su interés en continuar los planes del Ejecutivo anterior.
Por su parte, González recordó que el Gobierno de Canarias bajo el mandato de Ángel Víctor Torres sí había avanzado en la operación, con partidas presupuestarias consignadas y un reparto accionarial definido: un 60% del capital para la comunidad autónoma, un 10% para el Cabildo de Tenerife, otro 10% para el de Gran Canaria y el restante 20% entre los demás cabildos insulares.
“Era un trabajo riguroso en medio de una erupción volcánica, con trámites muy avanzados. Solo faltaba entrar en el horno”, reprochó la diputada de NC, que además criticó el “nacionalismo selectivo” del consejero, a quien acusó de “fiar al Gobierno de España la implantación de un centro nacional en lugar de fortalecer la estructura científica autonómica”.
Miranda rechazó que la creación del Centro Nacional de Vulcanología suponga “ceder competencias”, y sostuvo que la estrategia del Gobierno regional pasa por “reforzar el liderazgo científico del archipiélago desde la cooperación institucional, no desde la fragmentación”.
El debate sobre Involcan se produce en un momento clave para Canarias: el Ministerio de Ciencia e Innovación debe resolver en las próximas semanas la ubicación definitiva del Centro Nacional de Vulcanología, para el que Islas Canarias compite con otras regiones volcánicas españolas, como Andalucía y Cataluña. Con más de 12 años de actividad, Involcan ha sido decisivo en la monitorización de la erupción de La Palma (2021) y en la proyección internacional de la ciencia volcánica canaria, manteniendo colaboraciones con más de 40 instituciones científicas y un presupuesto anual estimado en torno a 2,5 millones de euros.














