La respuesta oficial del Gobierno de Canarias a la interpelación del diputado Jacob Qadri (Grupo Popular) ha despejado las dudas sobre la hoja de ruta del Ejecutivo regional frente a la ocupación ilegal: el enfoque será administrativo, directo y económicamente punitivo. Siguiendo instrucciones de la Consejería de Presidencia y Seguridad, y con datos del Instituto Canario de la Vivienda, el Ejecutivo ha blindado un procedimiento que busca recuperar el parque público de viviendas bajo una premisa de tolerancia cero, activando mecanismos de expulsión que eluden la lentitud de la vía penal ordinaria.
El protocolo detallado ante la Cámara se activa de forma inmediata tras detectarse una ocupación sin título habilitante en viviendas protegidas. La primera fase implica una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad locales para la identificación de los ocupantes, a quienes se les notifica un requerimiento de desalojo con un plazo de 30 días hábiles para el abandono voluntario. El elemento disuasorio clave, según la Ley de Viviendas de Canarias, es la tipificación de este acto como una infracción grave, lo que permite a la administración imponer sanciones económicas que pueden alcanzar los 150.000 euros, una cifra diseñada para desincentivar la permanencia en el inmueble antes de llegar al litigio.
En caso de persistencia, el Gobierno de Canarias no espera a la resolución judicial de terceros, sino que inicia una cadena de expedientes sancionadores que culminan en el desahucio administrativo. Este proceso, amparado en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, otorga al interesado un plazo de quince días para presentar alegaciones antes de que el instructor dicte la resolución definitiva de desahucio. Una vez firmada, se concede un último margen de 15 días adicionales para la entrega de llaves. De no producirse, la maquinaria administrativa ejecuta el lanzamiento de forma forzosa conforme a la normativa vigente.
Desde la óptica de la política pública, este endurecimiento responde a la necesidad de gestionar de forma eficiente el escaso inventario de vivienda pública en las islas, donde la lista de espera de demandantes legítimos sigue creciendo. Al tratar la ocupación como una infracción administrativa grave, el Gobierno canario busca acortar los tiempos de rotación de activos inmobiliarios y garantizar que las ayudas habitacionales lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales. Este «brazo ejecutor» administrativo se perfila como la principal herramienta del archipiélago para combatir la precariedad del sistema y restaurar la seguridad jurídica en el sector residencial.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H.. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
