El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre el Cabildo de Fuerteventura en el ejercicio 2023 revela una gestión administrativa marcada por la opacidad y el incumplimiento sistemático de las obligaciones legales. Aquel Cabildo de Fuerteventura que presidieron en su día insignes dirigentes como Juan Domínguez Peña, José Castañeyra Carballo, Secundino Alonso Alonso, Casto Martínez Gallego o el represaliado de la Falange Lorenzo Castañeyra Schamann es en 2026 a juicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias una estructura de pecado, en términos de la Santa Sede.
La mayor «miseria» institucional que destaca el documento de la Audiencia de Cuentas de Canarias es el hecho insólito de que el Cabildo ni siquiera llegó a rendir su Cuenta General del ejercicio 2023. Esta omisión impidió que los auditores pudieran obtener evidencia alguna sobre el estado real de las finanzas insulares, dejando en el aire la imagen fiel de su patrimonio y ejecución presupuestaria, lo que supone una vulneración directa de la Ley General Presupuestaria.
En el análisis de las tripas de la institución, la Audiencia pone el foco en las anomalías de control interno, señalando la existencia de numerosos expedientes tramitados con omisión del trámite de fiscalización previa o incluso con acuerdos contrarios a los reparos del órgano interventor. Esta situación dibuja un escenario de arbitrariedad donde las decisiones de gasto se ejecutaron en ocasiones por encima de las advertencias de legalidad de los propios técnicos. Además, el informe recalca que las deficiencias no se limitaron al Cabildo central, sino que se extendieron a su sector público dependiente, evidenciando una falta de rigor transversal en la contratación administrativa y el manejo de los fondos públicos durante ese año.
El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre el Cabildo de Fuerteventura es, en sí mismo, una denuncia del vacío absoluto. Hurgando en las tripas del documento, se advierten las siguientes irregularidades y estructuras de gasto descontroladas: La negligencia es total. El Cabildo incumplió su responsabilidad de formar y rendir las cuentas que deben expresar la «imagen fiel» de su patrimonio y ejecución presupuestaria. Este «apagón» informativo es de tal magnitud que la ACC advierte de la posible exigencia de responsabilidades por no suministrar la información veraz que exige la Ley General Presupuestaria. Al no haber cuentas, no se puede fiscalizar si los gastos fueron los adecuados o si existe un agujero financiero oculto.
El informe pone el foco en la opacidad de los acuerdos económicos. A pesar de que el Cabildo tiene la obligación de remitir la Relación Anual de Contratos (RAC) y los extractos de aquellos expedientes que superan ciertos umbrales, la fiscalización señala que este proceso ha sido deficiente. Lo mismo ocurre con los convenios celebrados: se ha detectado una falta de rigor en la determinación del número de convenios e importe de los compromisos económicos asumidos, lo que deja en el limbo las cuantías exactas de dinero público comprometido con terceros.
Una de las secciones más críticas del informe es la relativa al análisis de los acuerdos contrarios al criterio del órgano interventor. Aunque el documento no puede dar la cifra total debido a la falta de rendición de cuentas, sí establece como objetivo de la fiscalización determinar el volumen de acuerdos contrarios al criterio de un reparo: Es decir, decisiones políticas de gasto que se ejecutaron a pesar de que el interventor advirtió que eran ilegales o irregulares. Por no hablar de la omisión del trámite de fiscalización previa: Pagos y resoluciones que se hicieron «por la vía rápida», saltándose el control legal obligatorio que garantiza que hay dinero y que el procedimiento es correcto.
Contratos: 40 expedientes en el punto de mira
A pesar del apagón informativo, la Audiencia de Cuentas logró fiscalizar una muestra de 40 expedientes de contratación. De estos, el informe denuncia que el Cabildo no cumplió con el deber de remisión de información en los plazos legales para contratos de cuantía significativa. En concreto, se pone el foco en los contratos que superan los 600.000 euros en obras y los 450.000 euros en suministros y servicios. La falta de transparencia en estos 40 expedientes sugiere un patrón de adjudicaciones donde el control posterior es casi imposible, lo que el informe traduce como un riesgo alto de irregularidades en la adjudicación.
Convenios: El descontrol de los 138 registros
Uno de los datos más específicos que arroja el informe es la gestión de los convenios. Se detectaron 138 registros de convenios en la plataforma de rendición de cuentas, pero con una inconsistencia flagrante: los importes económicos comprometidos no coinciden con la documentación aportada. La Audiencia denuncia que en un alto porcentaje de estos 138 convenios no se ha podido acreditar el cumplimiento de la finalidad para la que se entregó el dinero público, lo que supone un «agujero» de justificación que afecta a subvenciones y colaboraciones directas con otras entidades.
Anomalías en el control interno: 0% de cumplimiento en fiscalización previa
En el apartado de control interno, la cifra es rotunda: el 0% de los expedientes de gasto analizados cumplieron estrictamente con el ciclo de fiscalización previa sin tachas. El informe advierte que se han detectado resoluciones de la Presidencia del Cabildo dictadas con la omisión total del trámite de intervención, así como acuerdos que ignoraron los reparos de legalidad emitidos por los técnicos. Esto implica que el Cabildo operó «por decreto», autorizando pagos y compromisos económicos que habían sido señalados como irregulares por los propios interventores de la casa.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por José L. Jiménez. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
