La estrategia del Ejecutivo canario que presenta este mes de octubre al Parlamento de Canarias para contrarrestar el estancamiento económico previsto (PIB del 1,9% en 2026) se articula mediante un agresivo estímulo fiscal. La Consejería de Hacienda ha priorizado el consumo y, de forma capital, el acceso a la vivienda, inyectando alivio en el bolsillo de las rentas medias y bajas para mitigar la presión inflacionaria.
Las bonificaciones clave aluden directamente al problema más grave de las islas: el precio del suelo. El Gobierno propone modificar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda habitual:
Alcance por Edad y Valor: Se eleva la edad máxima para acogerse a los tipos reducidos de 35 a 40 años. Paralelamente, el valor máximo de la vivienda que se puede beneficiar de estos incentivos se incrementa de 150.000 a 200.000 euros. Este movimiento reconoce que el precio medio de la vivienda en el Archipiélago ha superado con creces los umbrales fiscales previos.
La medida de mayor impacto social es el reajuste de los límites de renta. Estos se disparan de un máximo de 24.000 € individual (34.000 € conjunta) a 45.455 € individual y 61.770 € conjunta. Esta ampliación casi duplica los umbrales anteriores, asegurando que un segmento significativamente más amplio de la clase media de las islas, que se había visto excluido, ahora pueda acceder a las bonificaciones. La medida se extiende también a mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables, actualizando sus umbrales de ingresos.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno introduce la deflactación de la tarifa autonómica para 2026. Esta es una medida técnica esencial que ajusta los tramos de la renta al aumento del coste de la vida, impidiendo que la inflación (subida artificial de rentas) traslade a los contribuyentes a tramos impositivos más altos. En esencia, se busca evitar que la inflación actúe como un impuesto oculto.
Además, la Hacienda Canaria impulsa la diversificación económica y el capital riesgo con una nueva deducción: Se crea una deducción del 20% por inversión en empresas de nueva o reciente creación radicadas en Canarias. El límite de esta deducción se establece en 4.000 euros, con un incentivo adicional: la cuantía puede ampliarse a 6.000 euros si las sociedades están participadas por universidades o centros de investigación, alineando así el tejido empresarial con el conocimiento científico de la región.
