La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España este mes de enero plantea un nuevo modelo que, según el Ministerio de Hacienda, aumentará los recursos disponibles para las comunidades autónomas y reforzará la solidaridad interterritorial. El Gobierno calcula que este modelo incrementará la financiación total del sistema en 20.975 millones de euros para 2027 frente al sistema vigente, con recursos totales que podrían alcanzar unos 224.500 millones en ese año.
Para Canarias, el impacto de esta propuesta también se traduce en cifras que, a primera vista, resultan positivas. El ministro de Política Territorial ha estimado que el archipiélago podría recibir alrededor de 611 millones de euros adicionales al año con el nuevo sistema de financiación en comparación con lo que ingresaría con el actual modelo. Este aumento responde, en parte, al incremento de la cesión de impuestos como el IRPF -que pasaría del 50 al 55 %-.
Estos recursos adicionales podrían suponer una oportunidad para reforzar servicios públicos clave en Canarias, como la sanidad, la educación o las políticas sociales, especialmente si se utiliza para compensar las necesidades derivadas de su insularidad o de retos estructurales como el envejecimiento de la población. Además, el nuevo sistema se propone garantizar que ninguna comunidad autónoma reciba menos que con el modelo anterior, aportando una base de suficiencia mínima para atender el bienestar social.
Sin embargo, hay también limitaciones importantes en la propuesta, especialmente en lo que afecta a las singularidades fiscales de Canarias. Una de las críticas recurrentes en el Archipiélago es que la reforma mantiene fuera del sistema de financiación los ingresos fiscales derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF), un conjunto de ventajas fiscales históricas que incluye exenciones y beneficios tributarios propios de Canarias. Esa exclusión significa que estos ingresos no se integran como parte de los recursos que se toman en cuenta para calcular la financiación autonómica, lo que puede reducir la suficiencia financiera real del archipiélago frente a comunidades que sí contabilizan mayor parte de su recaudación interna.
La falta de integración del REF en el sistema puede limitar la capacidad de Canarias para planificar con certidumbre sus presupuestos y ejecutar políticas públicas ambiciosas, dado que parte importante de su estructura fiscal permanece fuera del reparto de recursos. Además, aunque los 611 millones adicionales son un avance, algunas autoridades regionales consideran que, por población, el archipiélago debería recibir incluso más -por ejemplo, alrededor de 1.048 millones anuales para estar en proporción a su peso demográfico-, lo que convierte parte del cálculo en objeto de debate político y técnico.
En síntesis, la reforma de la financiación autonómica beneficia a Canarias al aumentar sus recursos ordinarios y reforzar la solidaridad fiscal, pero no resuelve por completo la situación de desigualdad estructural derivada de no incorporar el REF al sistema y de no ajustar de forma más ambiciosa los criterios de reparto. Ese punto será clave en las negociaciones parlamentarias y en los debates técnicos que se abrirán en órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que el nuevo modelo pueda entrar en vigor.
