La reciente condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por incumplir la normativa comunitaria sobre el tratamiento de aguas residuales ha vuelto a colocar a Canarias en el centro del debate medioambiental y político, especialmente tras la comparecencia en el Pleno del Parlamento autonómico del consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda.
La sentencia, hecha pública el 18 de diciembre, da la razón a la Comisión Europea y concluye que el Estado español no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas antes de su vertido al mar, vulnerando de forma reiterada la Directiva 91/271. De los 50 núcleos urbanos afectados en todo el país, una parte significativa se localiza en Canarias, con especial incidencia en Tenerife.
Tenerife, epicentro de los incumplimientos
El TJUE identifica doce puntos en Tenerife donde no se cumple la normativa europea: Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava. En estos puntos, las aguas residuales se vierten sin el tratamiento exigido o lo hacen en zonas sensibles, que requieren un nivel de depuración más estricto.
El Tribunal rechaza además los argumentos del Estado, que defendió el uso de sistemas individuales de saneamiento en Canarias, al considerar que no cumplen los estándares comunitarios ni garantizan la protección ambiental.
El caso de Telde, el episodio más reciente
A este escenario se suma el caso de Telde (Gran Canaria), uno de los episodios más recientes de vertidos al mar en el Archipiélago. En las últimas semanas, los vertidos de aguas residuales sin depurar obligaron al cierre temporal de zonas de baño, reavivando la preocupación ciudadana y las críticas por la falta de infraestructuras de saneamiento adecuadas.
Telde se suma así a una lista de municipios afectados por un problema estructural que se repite en distintas islas y que ha tenido consecuencias visibles en playas como El Reducto, en Arrecife (Lanzarote), o Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, que permaneció cerrada casi un año por contaminación fecal. En este último caso, la Fiscalía de Medio Ambiente llegó a denunciar a seis cargos públicos por un presunto delito contra los recursos naturales.
Comparecencia del consejero en el Pleno
Este contexto fue abordado en el Pleno del Parlamento de Canarias, donde el consejero Manuel Miranda compareció para dar explicaciones sobre la situación del saneamiento en las islas tras la condena europea. Miranda reconoció la gravedad del problema, pero defendió que se trata de un déficit histórico acumulado durante décadas y que el actual Ejecutivo trabaja en un plan de inversiones y coordinación con cabildos y ayuntamientos para revertir la situación.
El consejero subrayó que la complejidad del territorio, la fragmentación insular y los retrasos administrativos han lastrado durante años la ejecución de infraestructuras clave, aunque aseguró que el Gobierno canario está priorizando las actuaciones en saneamiento y depuración para evitar nuevas sanciones europeas y proteger el litoral.
Más de 400 vertidos en Canarias
Los datos oficiales refuerzan la magnitud del problema. Según el censo de vertidos actualizado por el Gobierno de Canarias, el Archipiélago cuenta con 403 puntos de vertido de tierra a mar, de los cuales 361 están activos y 216 carecen de autorización administrativa. Una cifra que evidencia el reto pendiente en materia de aguas y saneamiento.
La sentencia del TJUE no solo tiene consecuencias medioambientales, sino también económicas y políticas, ya que España se expone a multas millonarias si no corrige los incumplimientos. En Canarias, el fallo ha reabierto el debate parlamentario sobre la responsabilidad de las distintas administraciones y la necesidad de acelerar inversiones estratégicas.
El saneamiento y la depuración de aguas residuales se consolidan así como uno de los grandes desafíos estructurales del Archipiélago, con impacto directo en la salud pública, el turismo y la protección del medio marino, y con Europa observando de cerca cada paso que se dé a partir de ahora.
