La ley obligaba a aprobarla antes de julio de 2023. El plan prevé 4,48 millones para 57 actuaciones, pero el Gobierno aún no detalla su reparto ni cuánto corresponde a financiación nueva.
El Gobierno de Canarias ha enviado al Parlamento la primera Estrategia Canaria de Economía Social, más de tres años después de que terminara el plazo fijado por la ley para aprobarla.
El Consejo de Gobierno no ha dado todavía su aprobación definitiva a la ESCAES 2026-2029. Lo acordado este lunes es remitir el documento a la Cámara autonómica para que sea debatido en comisión, un trámite previo y obligatorio antes de que el Ejecutivo pueda ratificarlo.
La Ley de Economía Social de Canarias entró en vigor el 10 de julio de 2022 y concedió al Gobierno un año para aprobar una estrategia de vigencia cuatrienal. El plazo terminó el 10 de julio de 2023 sin que la hoja de ruta estuviera en funcionamiento.
Un plan de 4,48 millones todavía sin desglose
La estrategia contempla un marco financiero de 4.475.832 euros para el periodo 2026-2029. La cantidad equivale a unos 1,12 millones anuales si se distribuye de manera uniforme durante los cuatro ejercicios.
El documento reúne 57 actuaciones en ámbitos como el emprendimiento colectivo, la digitalización, la formación, la igualdad, la sostenibilidad territorial y la creación de nuevas empresas en sectores emergentes.
Sin embargo, la información difundida por el Ejecutivo no identifica cuánto dinero corresponde a cada actuación, qué consejerías deberán financiarla ni qué parte procede de créditos ya existentes.
Tampoco permite saber qué cantidades son financiación nueva, cuáles dependen de futuras convocatorias presupuestarias y qué objetivos concretos deberán alcanzarse antes de 2029.
El marco financiero no equivale, por tanto, a 4,48 millones ya repartidos entre cooperativas, sociedades laborales o empresas de inserción. La ejecución dependerá de que las partidas se incorporen a los presupuestos y de que cada departamento desarrolle las medidas previstas.
El Parlamento no aprobará la estrategia
La intervención parlamentaria no convierte la ESCAES en un proyecto de ley. La normativa establece que el Gobierno debe comunicarla a la Cámara antes de aprobarla definitivamente.
Los grupos podrán debatir su contenido y formular propuestas, pero la decisión final corresponde al Consejo de Gobierno. La estrategia no comenzará formalmente su vigencia hasta que culmine ese procedimiento.
La remisión se produce cuando ya ha comenzado el periodo para el que fue diseñada. La ESCAES abarca desde 2026 hasta 2029, por lo que al menos una parte de su primer ejercicio transcurrirá sin la aprobación definitiva.
Cifras diferentes sobre el tamaño del sector
El Gobierno asegura ahora que la economía social canaria está formada por 3.516 entidades y que genera alrededor de 17.000 empleos. En este grupo se incluyen cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, sociedades agrarias, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector.
Esas cifras no coinciden con las que el propio Ejecutivo publicó cuando la Comisión de Economía Social dio su visto bueno inicial a la estrategia en octubre de 2025. Entonces contabilizaba 3.780 entidades y 19.325 empleos.
La diferencia supone 264 entidades y más de 2.300 puestos de trabajo menos, pero el Gobierno no ha explicado si responde a una actualización, a una modificación de los criterios utilizados o a un cambio real en el sector.
Sin esa aclaración no puede afirmarse que la economía social haya perdido empresas o empleo, pero tampoco resulta adecuado presentar cualquiera de las dos cifras como una fotografía definitiva.
Capital de la economía social en 2027
La estrategia llegará a su segundo año de vigencia coincidiendo con la designación conjunta de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Economía Social en 2027.
Es la primera vez que dos ciudades comparten este reconocimiento estatal. El Gobierno pretende aprovecharlo para aumentar la visibilidad de las cooperativas y del resto de entidades, promover nuevos proyectos y reforzar la formación y la innovación.
La efectividad del plan dependerá ahora de que el documento remitido al Parlamento concrete calendarios, responsables, indicadores y financiación para cada una de las 57 acciones. Sin esos elementos, los 4,48 millones seguirán siendo una previsión global y no una garantía de ejecución.
