Situación de emergencia en Canarias con la energía y viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias con el PP
Schallenberg Rodríguez, ha tenido tiempo para obtener una cátedra en la Universidad de Las Palmas de nombre ‘Descarbonización de Canarias’. «Tenemos cuatro islas que dependen única y exclusivamente de Endesa». La sentencia de Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, expone de forma cruda el fracaso de la desregulación eléctrica en la frontera ultraperiférica del Estado. Quince años de inercia normativa, choque institucional entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ejecutivo autonómico, y una red al borde del desastre estructural dibujan un escenario inviable para la economía insular. El archipiélago sigue caminando de manera inexorable hacia un apagón sistémico. La proclamada emergencia energética se mantendrá impasible al menos hasta 2031.
El compromiso institucional del Gobierno de Canarias de solventar la parálisis en un año contrasta con la realidad operativa. Transcurridos dos años desde la declaración de emergencia, los megavatios instalados y puestos en servicio computan un saldo nulo: cero. La raíz de este estancamiento radica en el mantenimiento obstinado de la dependencia de los derivados del petróleo para la generación de base. La resolución de la crisis exige sustituir la práctica totalidad del parque térmico actual para amortiguar el riesgo de «ceros energéticos» mientras se tramita el concurso extraordinario de adjudicación de 1.500 megavatios.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este sábado que el cero energético registrado en Lanzarote y La Graciosa, que ha dejado sin suministro a unos 73.600 abonados, pone de manifiesto, “una vez más, la obsolescencia de unos equipos” que no se pudieron sustituir en su momento. Ahora, según ha apuntado el jefe del Ejecutivo autonómico, la situación estaría más cerca de resolverse tras la convocatoria por parte del Ministerio de los concursos para renovar la generación eléctrica en los territorios no peninsulares.
La brecha insular de Gran Canaria
La vulnerabilidad técnica del archipiélago presenta brechas territoriales marcadas. Mientras Tenerife y Fuerteventura logran alivios puntuales con pequeñas plantas de refuerzo, Gran Canaria encabeza la parálisis estructural. La desintegración del plan de contingencia en esta isla queda patente en tres frentes: el desenganche del buque generador de 100 megavatios, la paralización de la planta proyectada por Disa ante la falta de suelo y la fuerte oposición vecinal, y la ausencia total de avances en la obra de almacenamiento hidráulico promovida por Pérez Moreno.
A día de hoy, Gran Canaria carece de alternativa técnica para sostener su demanda.
Frente a este bloqueo, la Consejería de Transición Ecológica tramita dos plantas de generación eléctrica de emergencia proyectadas en El Goro, en el municipio de Telde, con capacidad para generar 30 MW y en las que se encuentran involucradas dos empresas canarias, Disa y Ayagaures, según detalló el consejero Mariano Hernández Zapata en el balance de los tres primeros años de gestión al frente del departamento.
Gobierno autonómico rechaza la hipótesis del suelo como factor limitante. El Ejecutivo dispone de mecanismos excepcionales mediante el artículo 6-BIS de la ley del sector eléctrico canario, prerrogativa que le permite imponer instalaciones sobre el territorio ignorando el planeamiento municipal. La aplicación reiterada de este precepto legal para la implantación forzosa de parques eólicos y fotovoltaicos ha desencadenado una fuerte fractura social, con especial intensidad en Fuerteventura. Su traslación a la instalación de centrales convencionales de gasoil resulta políticamente inasumible y colisiona con el bloqueo frontal de las corporaciones insulares.
El laberinto retributivo y la espantada de inversión
El freno real a las infraestructuras obedece a un cálculo económico: la generación convencional en sistemas aislados se ha convertido en una actividad inviable para los operadores. El concurso de concurrencia competitiva para incorporar nueva potencia térmica arrastra además acusaciones de opacidad por la publicación de resoluciones encriptadas mediante códigos que impiden identificar a las empresas adjudicatarias y la potencia asignada.
A la falta de claridad en las adjudicaciones se suma el desplome del marco financiero. El rechazo en el Congreso del Real Decreto que elevaba la tasa de retribución financiera al 6,58% mantiene la remuneración congelada en el 5,58%. Ante este escenario, acentuado por el retraso del Ministerio para la Transición Ecológica en definir los parámetros económicos para inversiones de casi 1.000 millones de euros, Endesa ha decidido paralizar sus proyectos de nueva generación proyectados en Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera.
El choque entre administraciones alcanza la gestión del parque obsoleto. La Consejería de Transición Energética de Canarias ha denegado a Endesa la solicitud para dar de baja 13 grupos térmicos en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura al no existir alternativa de respaldo. La situación resulta insostenible en instalaciones como la central de Los Guinchos, en La Palma, donde más de la mitad del parque supera los 25 años de antigüedad y dos grupos sobrepasan el medio siglo en servicio sin posibilidad de renovación por la demora acumulada durante doce años en las convocatorias públicas.
El monopolio indestructible de Endesa
Las reformas legales orientadas a fracturar el monopolio histórico y facilitar el acceso a nuevos operadores han fracasado. La arquitectura trazada durante la etapa de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, dirigida a segregar la operación de la red en favor de Red Eléctrica, ha producido un resultado adverso. En un mercado insular de reducida escala, la posición dominante de la compañía eléctrica tradicional bloquea el espacio a competidores. La potencia licitada por operadores alternativos no ha alcanzado ni el 30% del total, manteniendo intacta la hegemonía de Endesa en el suministro energético a través de las centrales térmicas convencionales.
Los plazos administrativos auguran una prórroga del riesgo durante más de una década. Las resoluciones provisionales del concurso de emergencia se exponen a un recorrido judicial de hasta tres años. Superado ese trámite, la evaluación ambiental, la tramitación de permisos y los condicionantes de salud pública imponen un horizonte de tramitación no inferior a cinco años por cada nueva central. En el escenario normativo europeo más favorable, el despliegue efectivo de nuevas infraestructuras no se materializará antes de un periodo comprendido entre ocho y quince años.
Vertidos masivos, avance en autoconsumo y cuello de botella renovable
El modelo de integración de energías limpias atraviesa un viraje restrictivo. Red Eléctrica ha intensificado las limitaciones operativas a los parques eólicos y fotovoltaicos mediante consignas de seguridad que priorizan el consumo de fósiles para estabilizar la red. Este procedimiento ha provocado la pérdida sistemática de electricidad renovable. «Los vertidos se han disparado. Estamos hablando, en algunos casos, de hasta el 20%», advierte Medina sobre un volumen de rechazo que liquida la rentabilidad proyectada por los promotores y compromete la financiación de nuevas inversiones.
A pesar de este cuello de botella estructural, Canarias ha mejorado un 80% la potencia instalada de autoconsumo desde finales de 2023, alcanzando los 245 MW y cerca de 23.000 instalaciones, al tiempo que el Ejecutivo autonómico aprueba las zonas de aceleración de renovables en Lanzarote, La Gomera y El Hierro para intentar destrabar la implantación limpia.
El recurso al almacenamiento mediante baterías choca con importantes barreras de coste y con la ausencia de una ordenación que regule la remuneración de la actividad. A su vez, los grandes proyectos de regulación como la central de bombeo de Chira-Soria continúan en fase de ejecución sin fecha de puesta en marcha garantizada. Mientras las grandes obras avanzan con lentitud, la red insular desperdicia a diario una quinta parte de la producción limpia por la incapacidad técnica de absorción de un sistema fragmentado, infraequipado y condicionado por la parálisis política.
