El Gobierno de Canarias ha vuelto a sacar la libreta de las buenas intenciones para organizar unas jornadas sobre la emancipación juvenil, un foro donde se habla de programas, comunicación y salud mental. Sin embargo, tras los titulares institucionales, la realidad social de las islas es demoledora: Canarias sigue a la cola de España en emancipación, con una juventud que no es que no quiera irse de casa, es que sencillamente no puede. Mientras los despachos se llenan de diagnósticos, las llaves de un primer hogar siguen siendo un objeto de lujo para la mayoría de los menores de 30 años.
El problema social de fondo es que en Canarias el empleo ya no es un pasaporte a la independencia. A pesar de que el Gobierno insista en que el trabajo es la mejor política de emancipación, el fenómeno del ‘trabajador pobre’ se ha cebado con los jóvenes canarios. Con salarios que apenas rozan el mínimo profesional y alquileres que se disparan por la presión turística y la falta de oferta, un joven tendría que dedicar, en muchos casos, más del 80% de su sueldo para pagar un piso en solitario. Sin una política de vivienda valiente, cualquier charla sobre autonomía juvenil suena a papel mojado.
Lo más preocupante de este enfoque oficial es la excesiva delegación de responsabilidades en las ONGs y el tercer sector. Al centrar las jornadas en redes como la Federación de Entidades con Proyectos de Pisos de Emancipación (FEPA), el Ejecutivo admite implícitamente que la independencia juvenil en las islas ha pasado de ser un derecho general a una cuestión de asistencia social. Se atiende el síntoma (el riesgo de exclusión de los más vulnerables), pero se ignora la enfermedad estructural que afecta a toda una generación que se siente expulsada de su propia tierra.
Además, la salud mental de los jóvenes canarios, un tema que se tocó en estas jornadas, no puede entenderse fuera de este contexto de precariedad. Es difícil construir un proyecto de vida sólido cuando la incertidumbre es la única constante. La ansiedad por no poder pagar el alquiler o la frustración de vivir en el dormitorio de la infancia a los 30 años no se soluciona solo con talleres de acompañamiento, sino con medidas de choque que garanticen que un salario canario sirve para vivir en Canarias.
Mientras el Gobierno aborda el problema mesas de debate, el reloj social sigue corriendo. La emancipación no es una meta teórica para debatir en jornadas, es una necesidad urgente que requiere menos diagnósticos y más intervención directa en el mercado inmobiliario y laboral. Si la única respuesta a la crisis de vivienda y los sueldos bajos son más conferencias, la juventud canaria seguirá condenada a ver cómo su futuro se decide en despachos a los que nunca podrá acceder.
