Con vistas al balanceo de botes de vela latina, Coalición Canaria ha elegido este fin de semana un muelle en Las Palmas para fijar su rumbo político hacia 2027. La estampa marinera no es un mero adorno publicitario; es una metáfora de cómo la fuerza autonómica que ganó en votos y parlamentarios allá por 2015, hace 11 años, observa el mapa con una miopía desconcertante. En aquella ocasión CC hizo un pacto con PSOE con la legitimidad de haber vencido.
Quien asuma la Presidencia tras las elecciones de mayo de 2027 no podrá limitarse al perfil habitual de gestor de subvenciones comunitarias o de consejero acostumbrado al reparto de cuotas tribales locales. La nueva realidad exigirá cuadros dirigentes con acreditada solvencia técnica en ciberseguridad industrial, derecho internacional marítimo y geopolítica del agua.
Solo una clase política capacitada para comprender la expansión estratégica de Marruecos y el tablero atlántico podrá articular un verdadero discurso de Estado, más allá de la retórica asistencial del denominado «modo canario». Ha sido, precisamente, durante el periodo de Gobierno compartido entre CC y PP cuando el poder regional ha renunciado a su plaza de control de los fondos para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en Bruselas, al mismo tiempo que reclama a la UE una mayor defensa de sus intereses ante los Veintisiete.
La desconexión autonómica actual choca con el criterio de mandos del ámbito de la defensa como el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, quien ha subrayado públicamente que las transformaciones del escenario internacional exigen una actualización profunda de las orientaciones estratégicas para responder de forma efectiva a las amenazas híbridas en los espacios marítimos del Estado.
Mientras en el archipiélago reina un despiste local alarmante —atrapados en el debate doméstico y reduciendo la proyección internacional de las islas a la contención migratoria y la gestión presupuestaria—, ni la administración regional ni la ciudadanía parecen asimilar la verdadera escala de su territorio. La política canaria adolece de una urgencia crítica: la brecha de preparación de sus cuadros dirigentes frente a las dinámicas globales amenaza con dejar desprotegidas a las islas ante el tsunami geopolítico que se avecina en la frontera ultraperiférica más codiciada de Occidente.
El flanco sur
Lejos de la mirada corta que impera en los despachos regionales, la cúpula de la Alianza Atlántica sitúa al archipiélago en una posición de absoluta prioridad operativa. El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha remarcado la urgencia de blindar los accesos meridionales frente a la inestabilidad creciente, señalando expresamente que «el Flanco Sur y nuestra vecindad meridional son fundamentales para la seguridad global de la Alianza». Este enfoque se alinea con la doctrina fijada en la Cumbre de Madrid, donde la Alianza asumió formalmente que el terrorismo, la instrumentalización migratoria y la presencia de actores hostiles en el Sahel constituyen amenazas directas para la soberanía aliada.
En este engranaje, el Mando Aliado de Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Nápoles (JFC Nápoles) y el Mando Aéreo Aliado en Ramstein (AIRCOM) supervisan de forma permanente el corredor atlántico. Canarias no es una simple aduana de la Unión Europea; es el nodo neurálgico de inteligencia, dominio marítimo y proyección aérea sobre el Atlántico Medio y la franja subsahariana. Que el debate autonómico ignore esta dimensión evidencia un preocupante desfase técnico.
El propio teniente general retirado Rubén García Servert, excomandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Sur de la OTAN (CAOC Torrejón), ha advertido de manera explícita que en el escenario actual de seguridad resulta imprescindible asumir responsabilidades directas al declarar que «tenemos que ser capaces de crear nuestros propios sistemas de defensa aquí». A juicio del alto mando, la soberanía exige una estructura con verdaderas capacidades operativas frente a los desafíos globales que afectan directamente al flanco meridional europeo.
Poder militar en el Atlántico
Mientras la mesa de debate regional se empantana en disputas de reparto competencial, el archipiélago alberga activos tecnológicos de vanguardia que articulan la disuasión continental. Desde la Base Aérea de Gando, el Ala 46 acelera la transición operativa hacia los cazas Eurofighter Typhoon C.16, dotados con radar de escaneo electrónico CAPTOR-E (AESA) y misiles aire-aire de largo alcance Meteor, capaces de neutralizar amenazas a más de 150 kilómetros. Estos vectores aéreos operan integrados en el Sistema de Mando y Control Aéreo (SIMCA) mediante la red táctica de enlace de datos Link 16, garantizando una interoperabilidad instantánea con la OTAN.
Esta cobertura aérea se complementa en tierra con los radares tridimensionales de última generación Indra LANZA LTR-25, desplegados en emplazamientos clave de las islas para monitorizar el espacio aéreo y la Zona Económica Exclusiva hasta un radio superior a las 250 millas náuticas. Paralelamente, los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada patrullan las arterias críticas de cables submarinos de fibra óptica que unen Europa con América del Sur y África Occidental, mientras sobre los montes submarinos del suroeste —como el monte Tropic— reposan depósitos masivos de minerales estratégicos como telurio y cobalto.
Esa falta de visión autonómica para dimensionar las dinámicas de poder en la zona coincide con la advertencia formulada por el coronel Pedro Baños, quien viene señalando cómo Marruecos y otros actores internacionales consolidan posiciones de influencia estratégica en los espacios geopolíticos más sensibles mientras España corre el riesgo de ceder capacidad de iniciativa. La estabilidad del espacio aéreo asignado a Canarias y la vigilancia avanzada sobre el Sahel sitúan al archipiélago en la primera línea de la Alianza Atlántica, una dimensión que sobrepasa con creces la agenda política local.
El voto nacional
En medio de este escenario de complejidad internacional, Coalición Canaria ha proclamado a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia para las elecciones de mayo de 2027. Sin embargo, el relato de hegemonía del nacionalismo choca frontalmente con la realidad sociológica de las urnas. El nacionalismo canario ha sido —y sigue siendo— una opción minoritaria en votos en el conjunto del archipiélago frente al bloque de partidos de ámbito nacional formado por el PSOE, el Partido Popular, Vox y las opciones a la izquierda de los socialistas (Podemos/Sumar).
El acceso del nacionalismo a la Presidencia del Gobierno insular no responde a un mandato sociológico mayoritario, sino al rendimiento del sistema electoral canario —históricamente diseñado para primar la representación territorial sobre la demografía— y a la incapacidad recurrente de los partidos nacionales para articular alianzas estables, y rentables, entre sí.
La evolución del voto
El ciclo electoral reciente certifica esta fragmentación: en 2015, la irrupción de Podemos con 7 escaños (132.159 votos) sacudió la Cámara, aunque Coalición Canaria retuvo el Ejecutivo autonómico con 18 diputados frente a los 15 del PSOE. En 2019, la suma del bloque de izquierdas articuló el Pacto de las Flores liderado por Ángel Víctor Torres tras lograr 22 escaños, sustentado junto a Nueva Canarias (4), Podemos (3) y la Agrupación Socialista Gomera (3).
Las elecciones autonómicas de mayo de 2023 reconfiguraron la Cámara al dejar a Podemos sin representación. Pese al triunfo del PSOE con 19 escaños y 247.811 apoyos, los 17 diputados de Coalición Canaria permitieron a Fernando Clavijo cerrar un pacto de coalición con el Partido Popular de Manuel Domínguez (13 escaños), garantizando la mayoría mediante alianzas territoriales con la Agrupación Socialista Gomera (3 escaños) y la Agrupación Herreña Independiente (1 escaño).
