El Parlamento de Canarias se enfrenta a un debate crucial sobre la equidad laboral y el gasto público en educación: la retribución del profesorado interino durante los meses de julio y agosto. El Grupo Parlamentario Socialista Canario ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) que busca revertir una práctica presupuestaria mantenida desde 2011, la cual ha dejado a Canarias como la comunidad autónoma con las peores condiciones para este colectivo docente en el conjunto del Estado.
El corazón de la PNL, registrada el 29 de octubre, reside en restaurar lo establecido en el Segundo Protocolo para la Gestión del Profesorado Interino de 2005. Dicho protocolo garantiza que el personal sustituto que acredite cinco meses y medio de servicio efectivo en un mismo curso reciba las retribuciones de los meses de julio y agosto. Sin embargo, las sucesivas leyes de presupuestos autonómicos han incluido sistemáticamente disposiciones adicionales para dejar este precepto en suspenso.
El Grupo Socialista argumenta que esta suspensión genera una injusticia manifiesta y una situación de desprotección económica forzosa. Si un interino cubre una necesidad continuada del sistema educativo durante la mayor parte del curso con las mismas funciones y responsabilidades que un funcionario de carrera, no existe una razón objetiva que justifique la exclusión del cobro estival. Además, el sector docente no ofrece oportunidades de empleo en julio y agosto, lo que condena a los interinos con nombramientos hasta junio a una interrupción forzosa de ingresos, una situación que no se produce en la mayoría de las comunidades autónomas (como Asturias, Navarra, o Galicia, que mantienen el pago con un requisito de servicio similar).
El Parlamento de Canarias, por tanto, será instado a ordenar al Gobierno autonómico una acción directa y sencilla: abstenerse de incluir cualquier disposición normativa que suspenda las retribuciones del profesorado interino que haya trabajado al menos cinco meses y medio durante el curso escolar. La PNL exige que este cambio tenga efecto ya desde el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026. Esta medida es clave para garantizar que la Administración canaria cumpla el principio de igualdad de condiciones esenciales entre el personal funcionario interino y el de carrera.
En términos de finanzas públicas, la aprobación de la PNL implicaría un incremento del gasto de personal docente, pero el Grupo Socialista lo justifica como una deuda pendiente de equidad y una medida para retener y motivar a un colectivo que es esencial para la estabilidad del sistema educativo. El debate en el Pleno pondrá en la balanza el rigor presupuestario frente a la justicia laboral y la necesidad de homologar las condiciones docentes de Canarias con el resto de España.
