El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en septiembre de 2025 un decreto que declaraba de excepcional interés público la remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura. La operación central consiste en prolongar 280 metros el dique existente para resolver los problemas de seguridad que sufre la infraestructura ante temporales, un diagnóstico que Puertos Canarios arrastra desde que el proyecto fue presentado al ayuntamiento en marzo de 2023. Tres años después, la tramitación sigue en un limbo administrativo que ni el cambio de gobierno CC-PP ni la etiqueta de «excepcional» han conseguido desatascar. El ente público empresarial Puertos Canarios, dirigido por José Gilberto Moreno, adjudicó entretanto a Sampol Ingeniería y Obras la actualización de la instalación eléctrica en baja tensión por 802.017 euros, un parche de cuatro meses de ejecución que pone tiritas a una infraestructura que necesita cirugía mayor.
La paradoja de Gran Tarajal ilustra un patrón canario recurrente: se anuncia con boato institucional, se firma un decreto con lenguaje de urgencia y después el expediente se estanca en la cadena de informes sectoriales y evaluaciones ambientales que la propia administración ha diseñado. El proyecto contempla además la reordenación de la zona terrestre del puerto para crear áreas comerciales y de ocio conectadas con el núcleo urbano, una promesa de regeneración urbana que los vecinos de la localidad majorera llevan escuchando desde la legislatura anterior. Mientras tanto, el Cabildo de Fuerteventura ha presentado unos presupuestos de 183 millones de euros para 2026, pero la partida concreta para la ampliación portuaria sigue sin aparecer en los pliegos de licitación. La isla que vive del turismo y la pesca no tiene un puerto capaz de garantizar la seguridad de las embarcaciones cuando el Atlántico decide recordar que él estuvo antes.
