El Parlamento de Canarias ha admitido a trámite una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista Canario para extender la cirugía robótica, actualmente disponible solo en Gran Canaria, Tenerife y recientemente Lanzarote, a las islas no capitalinas: El Hierro, Fuerteventura, La Gomera y La Palma. Más allá del debate sanitario, la iniciativa plantea importantes implicaciones económicas y estratégicas para la gestión de los recursos públicos.
Cada equipo Da Vinci tiene un coste de adquisición cercano a los 2 millones de euros, sin contar gastos adicionales de mantenimiento y consumibles, que podrían situar la inversión inicial por hospital en torno a los 2,5 millones de euros. Sin embargo, los defensores de la propuesta argumentan que los beneficios clínicos y operativos compensan sobradamente estos costes: intervenciones menos invasivas, reducción de complicaciones, menor estancia hospitalaria y disminución de derivaciones interinsulares que implican costes logísticos y económicos adicionales.
Según datos del Servicio Canario de la Salud, en 2024 se realizaron 889 procedimientos robóticos en Gran Canaria y Tenerife, un aumento superior al 900% respecto a años anteriores, lo que demuestra tanto la creciente demanda como la eficiencia del sistema en entornos con alta densidad poblacional. Extender esta tecnología a las islas menores permitiría capturar economías de escala y optimizar el uso de recursos humanos especializados, reduciendo la concentración de talento en los hospitales capitalinos y fomentando la formación local.
La proposición insta al Gobierno de Canarias a realizar estudios técnico-económicos específicos para cada isla, evaluar la sostenibilidad de la inversión y planificar la implantación de manera gradual y eficiente. Además, se contemplan posibles fórmulas de cofinanciación mediante fondos europeos o estatales de modernización tecnológica, que podrían reducir significativamente el impacto presupuestario en los ejercicios 2026 y siguientes.
Desde una perspectiva estratégica, la medida busca garantizar la equidad sanitaria entre territorios, evitando que la geografía condicione el acceso a intervenciones complejas, y reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema público. Para los responsables presupuestarios, representa un desafío de planificación: equilibrar la inversión inicial con los ahorros a medio y largo plazo derivados de menor hospitalización, reducción de complicaciones y optimización de recursos humanos y técnicos.
La proposición será debatida próximamente en el pleno del Parlamento, y su aprobación marcaría un precedente en la planificación sanitaria regional, combinando innovación tecnológica, eficiencia económica y equidad territorial. Para inversores y gestores de fondos públicos, el proyecto ofrece un caso paradigmático de cómo la inversión en tecnología sanitaria puede integrarse en estrategias de modernización con retorno tangible sobre el sistema de salud.
