El Grupo Socialista del Parlamento de Canarias ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026, acompañado de una propuesta alternativa que califica de “más justa y realista”. El PSOE considera que las cuentas del Ejecutivo de CC-PP son “tramposas e injustas” y pide su devolución por partir, según denuncian, de un diagnóstico económico equivocado.
La alternativa socialista contempla un aumento del gasto de 458 millones de euros, basado en una previsión de crecimiento mayor a la contemplada por el Gobierno. Este incremento se destinaría especialmente a educación, vivienda, bienestar social, I+D+i y al sector primario y climático, con el objetivo de abordar los problemas estructurales del archipiélago y reforzar los servicios públicos esenciales.
Los socialistas critican que el Ejecutivo haya diseñado un presupuesto que, a su juicio, renuncia a modernizar Canarias y se basa en un “pesimismo calculado”. Para ellos, la previsión de crecimiento del 1,9% es artificialmente baja y no refleja el buen comportamiento de la economía insular, que estiman en torno al 2,3%. También acusan al Gobierno de priorizar estructura política y propaganda sobre las necesidades reales de la ciudadanía.
El plan alternativo del PSOE combina una reforma fiscal progresiva -que incrementaría la recaudación sin afectar a las rentas medias y bajas- y medidas de eficiencia del gasto público. Entre ellas, proponen reducir la estructura orgánica del Gobierno, recortar publicidad institucional y optimizar el gasto sanitario y farmacéutico. Además, plantean un impuesto a las estancias turísticas, exento para residentes, que generaría 285 millones anuales.
Los recursos adicionales se dirigirían a reforzar el sistema educativo, ampliar el parque público de vivienda, mejorar la atención a la dependencia, fortalecer las universidades y apoyar al sector primario. Con todo ello, el PSOE asegura que su propuesta prioriza a las familias, reduce desigualdades y prepara a Canarias para competir en un entorno global, frente a unas cuentas del Ejecutivo que, según sostienen, no responden a los retos del archipiélago.
