La jueza Raquel Robles ha aceptado la petición del PSOE para que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, declare como testigo en la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete, por un presunto delito de revelación de secretos.
El procedimiento judicial se centra en la difusión de los nombres y fotografías de dos periodistas de El País que, según la instrucción, realizaban su trabajo en las inmediaciones del piso de un empresario. La investigación apunta a que la información habría sido difundida mediante mensajes que circularon y que terminaron vinculando datos identificativos con la presencia de los informadores en la zona.
En la resolución, la magistrada explica que la citación se considera “necesaria, proporcional y pertinente” para aclarar un punto relevante de la instrucción. El núcleo de la discusión gira en torno a lo que sostienen las partes sobre el origen del contenido del mensaje que se difundió.
Durante su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez defendió que fue González Amador quien le aportó “parte del contenido del mensaje” que él mismo habría enviado. En particular, se alude a los datos de los periodistas que, supuestamente, se acercaron al inmueble, incluyendo identificaciones que permitían reconocer a los profesionales.
La jueza también toma en consideración lo declarado por los perjudicados, quienes habrían admitido que la identificación realizada por la policía no habría incluido la realización de una captura de imagen. Aun así, las fotografías y la reseña aparecerían posteriormente en el medio para el que trabajan. En esa línea, la magistrada añade un elemento técnico que refuerza la necesidad de seguir investigando: la imagen difundida en el mensaje atribuido al investigado, según la resolución a la que ha tenido acceso la prensa, estaría “claramente realizada desde una posición de altura”, es decir, desde el ático o una localización elevada.
Este detalle no es menor para la causa, porque la ubicación desde la que se tomaron las imágenes puede impactar en la valoración de cómo se obtuvieron los datos y, por tanto, en la atribución de responsabilidades. En un proceso penal, la forma en que se producen los indicios —y quién pudo disponer de ellos— resulta esencial para determinar si existió o no una conducta constitutiva de delito.
Mientras avanza la instrucción, la jueza ha dictado además otra resolución en la que rechaza la petición del asesor de Ayuso para sobreseer las actuaciones. Es decir, no acepta cerrar la causa en ese punto del procedimiento.
En su argumento, la magistrada sostiene que las fases del procedimiento tienen “su lógica y su finalidad”. Según la resolución, la causa todavía se encuentra en fase de instrucción y se han acordado diligencias de prueba que están pendientes de completarse. Por ello, concluye que, sin haber finalizado esa práctica, sería “improcedente resolver sobre su resultado” cuando todavía no se conoce.
El caso, por tanto, entra en una etapa marcada por la necesidad de concretar responsabilidades y esclarecer el origen de la información difundida. La futura declaración de González Amador como testigo se convierte en un paso relevante para fijar qué se dijo, qué se aportó y quién tuvo acceso a los elementos que terminaron vinculando la presencia de periodistas con datos publicados.
De momento, la fecha exacta de la citación aún no se ha dado a conocer, pero el movimiento procesal ya ha reactivado la atención sobre una causa que enfrenta a la política institucional con el terreno más sensible del control de la información y la protección de la actividad periodística.















