El Parlamento de Canarias fue durante dos jornadas algo más que una sede legislativa: se convirtió en un espacio de advertencia política. Allí, representantes institucionales, expertos y agentes sociales dejaron claro que el Archipiélago no está dispuesto a aceptar sin resistencia un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea que, bajo el discurso de la simplificación, amenaza con recentralizar los fondos y vaciar de contenido el estatus de las regiones ultraperiféricas.
Las Jornadas sobre el MFP 2028-2034 y el régimen jurídico de la ultraperiferia, organizadas por el Consejo Canario del Movimiento Europeo, el Parlamento de Canarias y la Fundación CajaCanarias, pusieron sobre la mesa una preocupación compartida: que el próximo presupuesto europeo transforme el trato diferenciado a Canarias en una mera declaración de intenciones gestionada desde los Estados, y no desde las regiones que soportan los sobrecostes de la lejanía y la fragmentación.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, señaló que el debate no va de números, sino de poder. “Plantear un gran fondo gestionado exclusivamente por los países puede significar perder millones de euros y, lo que es más importante, capacidad de decisión en cuestiones vitales para nuestra cohesión social”, advirtió. En otras palabras: menos autonomía, menos margen y más dependencia de decisiones tomadas lejos de las islas.
Pérez insistió en que Canarias no reclama privilegios, sino justicia social, y recordó que el reconocimiento de la ultraperiferia no es una concesión política, sino un derecho jurídico amparado por los tratados europeos. Un mensaje que resonó como una llamada de atención a Bruselas en plena redefinición del modelo comunitario.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reforzó ese planteamiento apelando a una seña de identidad del Archipiélago: la capacidad de llegar a consensos cuando el futuro está en juego. “Este asunto trasciende a un mandato político”, afirmó, en una advertencia velada a quienes pretenden reducir el debate a una pugna partidista. Para Clavijo, el actual contexto geopolítico no puede servir de excusa para debilitar el modelo europeo ni el Estado del bienestar que ha sostenido la cohesión territorial durante décadas.
Desde el ámbito europeo, el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa, describió sin rodeos la encrucijada en la que se encuentra la Unión: reformas profundas, presión presupuestaria y tentaciones de recentralización. Frente a ese escenario, defendió la vigencia del régimen jurídico de las RUP como una línea roja que no debería cruzarse.
La Fundación CajaCanarias puso el acento en el impacto real de estas decisiones. Su director general, Francisco Óliver González, recordó que el debate no es técnico ni abstracto: de él dependen el empleo, el bienestar y la capacidad de desarrollo sostenible de Canarias. Celebró además la inusual unanimidad política alcanzada en el Parlamento canario, un mensaje que, según señaló, Bruselas haría bien en no ignorar.
Las mesas de debate dejaron claro que el riesgo no es teórico. Un cambio en el sistema de reparto directo de fondos podría convertir a las regiones en meros receptores pasivos de decisiones estatales. En el caso del sector primario, el más expuesto, el consejero Narvay Quintero aportó cifras contundentes: producir en Canarias cuesta hasta un 43% más que en el territorio continental, mientras la financiación es sensiblemente inferior. Un desequilibrio que amenaza con agravarse si se debilitan instrumentos como el POSEI.
La directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, defendió el trabajo técnico del Ejecutivo canario en Bruselas, mientras el diputado Gustavo Matos recordó que el estatus RUP está sólidamente respaldado por los tratados, aunque advirtió de que el contexto político exige algo más que confianza jurídica: exige presión y presencia constante.
La advertencia más cruda llegó del periodista y analista Carmelo Rivero, que puso palabras a un temor latente durante todas las jornadas: la posible desaparición del reparto directo de fondos podría marcar “el principio del fin de la RUP”. Una frase que resume el fondo del debate: lo que está en juego no es solo financiación, sino el papel de Canarias dentro del proyecto europeo.
Las jornadas concluyeron con una idea compartida: Canarias ya no solo pide ser escuchada, exige no quedar diluida. En un momento en el que Europa redefine prioridades, el Archipiélago ha dejado claro que no aceptará que la ultraperiferia se convierta en una nota al pie del próximo presupuesto comunitario.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
