Para entender lo que está ocurriendo en el Parlamento de Canarias con la reciente aprobación del programa de Bonos Consumo, es necesario viajar en el tiempo hasta las oficinas del Gosplan (Gosudárstvenny Komitet po Planírovaniyu) en la antigua Unión Soviética. El Gosplan (Comité Estatal de Planificación) era el cerebro de un sistema donde el mercado no existía: un grupo de burócratas decidía cuántos zapatos se fabricaban, qué precio tenían y, lo más importante, en qué estanterías debían estar. No era el ciudadano quien elegía según su conveniencia, sino el Estado quien dirigía el flujo del dinero mediante cupones y cartillas. Y eso cuando el PP pide confianza internacional para atacar al PSOE sin saber que por ejemplo que en Tenerife capital el centro comercial Meridiano es de propiedad norteamericana teniendo Vanguard el 14,35%, BlackRock, el 11,55%, y el fondo soberano de Noruega una posición algo inferior.
Esta nueva edición de los bonos consumo es, en el fondo, una declaración de desconfianza hacia el consumidor canario. El mensaje es claro: «No sabemos si usted elegirá bien dónde gastar su dinero, así que el Gobierno canario le dará un incentivo para que lo haga donde nosotros consideramos políticamente oportuno». El Gosplan ha vuelto, pero esta vez no viste uniforme militar ni reparte pan en Moscú; se mueve con dietas, se aprueba en el Boletín Oficial de Canarias y se canjea con un código QR en la tienda de la esquina. No está mal saber que en PP en Las Palmas tiene un concejal que es presidente de la zona comercial abierta de Siete Palmas y que con el apoyo de PSOE o CC domina corporaciones locales como San Bartolomé de Tirajana, Teror o Arucas. En Siete Palmas el ‘pequeño comercio’ compite contra El Corte Inglés y CC Siete Palmas, propiedad de los dueños de Kalise y Tirma.
Salvando las distancias democráticas, la resolución impulsada por el Grupo Popular (PP) y aprobada en enero de 2026 (PNLP-0370) desprende un aroma similar de «ingeniería social económica«. Al instar al Gobierno canario y, en concreto, a una Consejería del PP; a lanzar una nueva edición de bonos que excluye deliberadamente a los grandes centros comerciales, el PP ha diseñado su propio miniprograma de planificación centralizada: un sistema de cupones modernos —los bonos consumo— destinados a forzar el gasto hacia un sector específico, interviniendo la libre competencia en favor del «pequeño comercio».
Agendas vacías y el «politburó» de las viceconsejerías
Esta planificación no se hace a plena luz. Como ocurría en los despachos opacos de los regímenes planificadores, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha dado la voz de alarma sobre el vacío en la Consejería de Transición Ecológica (PP). Es la paradoja de la transparencia canaria: el Gobierno quiere regular a los lobbys y grupos de presión, pero oculta con quién se reúne. En su retórica habitual, el PP suele denunciar el intervencionismo, pero en Canarias ha optado por un proteccionismo de barrio que recuerda a la economía de guerra o a la planificación soviética. Al dejar fuera a los centros comerciales, el Ejecutivo no solo apoya al pequeño comercio, sino que castiga activamente a los grandes motores de empleo y logística, decidiendo desde un despacho parlamentario que el «consumo correcto» es el de proximidad.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
