La arquitectura de financiación europea en Canarias atraviesa una doble tensión. Por un lado, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe que insta a incrementar la ficha financiera del POSEI para 2026, un programa cuya dotación de 243,96 millones de euros no se actualiza desde 2013 pese a que los costes de producción y transporte en las regiones ultraperiféricas han crecido más de un 50%. Canarias reclama elevar esa cifra hasta 357 millones y duplicar la dotación global del programa hasta 3.752 millones en el próximo Marco Financiero Plurianual 2027-2034. El sector platanero, pilar del POSEI canario, insiste en que no existe plan B si Bruselas no corrige el desfase. Por otro lado, los 301 millones de fondos Next Generation asignados a Canarias por su condición de región ultraperiférica para energía sostenible afrontan un plazo de ejecución que vence en junio de 2026 con niveles de absorción preocupantes.
El PP ha llevado al Parlamento una proposición para ampliar esos plazos, alegando las singularidades logísticas del archipiélago: cadenas de suministro limitadas, escasez de instaladores especializados y complejidad técnica de los proyectos. La ironía es doble. Bruselas condiciona los fondos a plazos rígidos que ignoran las limitaciones estructurales que justificaron la asignación adicional; y Madrid solicita más dinero europeo para Canarias mientras pide simultáneamente que España no tenga que cofinanciar. Fondos que no se ejecutan a tiempo no son fondos, son promesas contables.
















