El papel lo aguanta todo, pero las piedras de nuestros cascos históricos no. El Ejecutivo regional ha enviado una respuesta al Parlamento que deja al descubierto la lentitud burocrática que asfixia al patrimonio de las islas. A pesar de que la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias obliga a que cada conjunto histórico tenga su propio Plan Especial, la realidad es que tres de cada cuatro municipios siguen sin haber hecho los deberes. La excusa oficial: un complejo reparto de competencias entre Ayuntamientos (que deben redactarlos), Cabildos (que deben supervisar) y Gobierno (que debe pagar).
La cumbre de Betancuria: ¿solución o distracción?
Para intentar frenar las críticas por esta inactividad, el Gobierno anuncia que este 2026 la Villa de Betancuria, en Fuerteventura, será la sede de un encuentro clave. Allí se presentará un «diagnóstico actualizado» para no seguir «actuando a ciegas». Sin embargo, esta estrategia de «planificar la planificación» suena a dejà vu: mientras se celebran encuentros y se comparten «buenas prácticas», el 74% de los cascos históricos de las islas sigue sin una hoja de ruta clara que proteja su arquitectura y su identidad.
Tres islas de inversión en un mar de carencias
En su respuesta, el Gobierno saca pecho con tres ejemplos de éxito para demostrar que «no se improvisa»:
- La Laguna (Patrimonio Mundial): se lleva la parte del león con 1,8 millones de euros (400.000 para su Plan Especial y 1,4 para iluminación y su 25º aniversario). Es el modelo a seguir, pero también el que cuenta con más recursos estatales y de la UNESCO.
- Garachico: recibirá medio millón de euros para ejecutar en 2026 obras de accesibilidad y mobiliario urbano que respete su esencia BIC.
- Santa María de Guía: una partida más modesta de 58.200 euros para una «Ruta y Aula Abierta», apostando por la digitalización y el turismo educativo.
La trampa de la cooperación
La respuesta firmada por el viceconsejero Víctor Chinea es un ejercicio de equilibrismo político. Al recordar que la competencia de formular los planes es de los Ayuntamientos, el Gobierno de Canarias desvía parte de la presión hacia los alcaldes. Sin embargo, en un archipiélago donde los municipios pequeños carecen de arquitectos y técnicos especializados, la cooperación técnica que promete la Consejería de Cultura es la única tabla de salvación.
Si en 2026 el gran avance es «analizar con rigor la situación real», Canarias corre el riesgo de que, para cuando el diagnóstico esté listo, el deterioro de sus conjuntos históricos sea irreversible. El patrimonio no solo se protege con decretos, sino con técnicos sobre el terreno y una financiación que deje de ser «subvención directa» para tres municipios elegidos y pase a ser una estrategia global para los 46.
