El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno de España a liquidar la deuda acumulada con aerolíneas y navieras derivada de la aplicación del descuento del 75% para residentes, así como a establecer un sistema de pago ágil que no supere los 90 días. La iniciativa busca garantizar la estabilidad financiera de las compañías que operan entre islas y con la Península, evitando que los retrasos del Estado comprometan la conectividad y la movilidad de los canarios.
Durante la sesión plenaria, la diputada Jennifer Curbelo (PP) alertó sobre la demora en los pagos y la falta de financiación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado. Explicó que, aunque en 2023 se asignaron 560 millones de euros para esta partida, el gasto real superó los 1.200 millones, generando un déficit de unos 650 millones que las aerolíneas y navieras han tenido que asumir. Curbelo estimó que la deuda pendiente ronda los 350 millones y reclamó al Ejecutivo central “un sistema de pagos estable y estructural” para evitar la repetición de esta situación. “Solo pedimos que el Gobierno pague lo que debe, sin más”, subrayó.
El debate evidenció un amplio consenso en torno a la defensa del principio de continuidad territorial y del derecho a la movilidad en igualdad de condiciones. Desde Vox, Paula Jover acusó al Gobierno central de “incumplir una ley que es obligatoria”, mientras que Melodie Mendoza (ASG) calificó el descuento como una medida de justicia social y advirtió del riesgo de “fractura territorial” si se cuestiona su aplicación. Por su parte, Luis Campos (NC-bc) insistió en la necesidad de garantizar una gestión “ágil y eficiente” para no poner en riesgo la cohesión del archipiélago, y Jonathan Fumero (CC) reclamó la eliminación de la deuda “para asegurar la conectividad y la competitividad de las islas”.
En defensa de la acción del Ejecutivo central, Marcos Bergaz (PSOE) recordó que desde 2008 se han abonado más de 5.500 millones de euros por este concepto y pidió evitar la politización de una medida que “ha demostrado su eficacia y su carácter estructural”. No obstante, la unanimidad alcanzada en la Cámara refleja la preocupación común de todas las formaciones por la viabilidad económica del transporte aéreo y marítimo en Canarias, considerado un servicio esencial para la unidad social y económica del archipiélago.
