
El Parlamento de Canarias ha dado un paso para fortalecer su capacidad de fiscalización sobre el gasto público. Tras la firma de un convenio de cooperación entre la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la institución legislativa contará con un acceso directo y sistemático a la información contable de la Comunidad Autónoma, superando la tradicional dependencia de los informes trimestrales.
Este acuerdo responde a la necesidad de que los servicios de control y seguimiento presupuestario del Parlamento puedan evaluar con precisión el impacto económico de las iniciativas legislativas y las enmiendas en fase de tramitación. A partir de ahora, la Intervención General pondrá a disposición de la Secretaría General del Parlamento los datos de ejecución de ingresos, gastos y endeudamiento de todo el sector público limitativo, incluyendo organismos autónomos y entes adscritos.
La clave del convenio reside en la utilización del sistema de información contable SEFLogiC. La actualización de los datos será mensual y se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre del suministro de información al Ministerio de Hacienda. Este flujo constante de datos permitirá al Parlamento analizar variables críticas como las previsiones definitivas, los derechos reconocidos netos y la recaudación líquida, así como el saldo de crédito disponible en cada sección y capítulo presupuestario.
Incluso los entes del sector público estimativo y casos específicos como el Consorcio del Rincón quedarán bajo esta lupa de transparencia, integrándose progresivamente en el sistema de reporte. La información llegará al Parlamento de forma granular, permitiendo observar desde los compromisos de gasto hasta los pagos realizados y los saldos pendientes, lo que garantiza una visión integral de la salud financiera de la administración canaria.
El convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, se ha diseñado para no generar obligaciones económicas adicionales para ninguna de las partes. Para velar por su cumplimiento, se ha constituido una Comisión de Seguimiento paritaria que resolverá cualquier controversia técnica y supervisará que el acceso a la información respete estrictamente la confidencialidad y la normativa de protección de datos personales.
Este instrumento jurídico no solo mejora la interoperabilidad entre el Gobierno y el Parlamento, sino que eleva el estándar de control democrático en las islas. Al disponer de una «hoja de ruta» contable actualizada casi en tiempo real, el legislativo canario se dota de las herramientas necesarias para vigilar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento del principio de suficiencia financiera estipulado en el Estatuto de Autonomía.














