La historia de la democracia en España tiene un origen geográfico inesperado: Santa Cruz de La Palma. En el marco de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Nacionalista Canario, se reivindica un hito que, por su carácter precursor, ha sido calificado como el primer ejercicio electoral por sufragio censitario en España, 16 años antes de la Revolución Francesa y 39 años antes de la Constitución de Cádiz de 1812.
Esta es la historia completa del Pleito de los Regidores Perpetuos, un choque entre la Ilustración, el comercio atlántico y la tiranía feudal, que culminó en las elecciones del 2 de enero de 1773. A mediados del siglo XVIII, el gobierno municipal (Cabildo) en La Palma, al igual que en gran parte de la Península, estaba dominado por Regidores Perpetuos. Estos cargos pertenecían a la nobleza local, se heredaban y ostentaban de por vida, creando una oligarquía cerrada, corrupta y despótica que controlaba los caudales públicos y la vida de la isla.
Ilustrado
El Rey ilustrado Carlos III intentó introducir un soplo de aire fresco. En 1766, dictó un Real Auto para que los municipios (con más de 2.000 vecinos) incorporaran representantes del pueblo sin derecho a voto: el Síndico Personero del Común y el Diputado del Común. Estos tenían la misión de defender a los ciudadanos y fiscalizar la administración.
La tensión estalló cuando la burguesía comercial, emergente gracias al dinamismo portuario de Santa Cruz de La Palma, intentó ejercer estos nuevos derechos: Dionisio O’Daly: Comerciante de origen irlandés, fue elegido Síndico Personero en 1767. La corporación oligárquica del Cabildo, temerosa de la fiscalización, lo revocó alegando que, por ser extranjero, no podía ejercer el cargo. Anselmo Pérez de Brito, abogado palmero y ex-Diputado del Común, se unió a O’Daly. Ambos se convirtieron en los promotores y líderes de la causa, llevando su denuncia contra la corrupción y el despotismo de los regidores perpetuos directamente al más alto tribunal de la Corona: el Consejo de Castilla en Madrid (1768).
Respuesta
La respuesta de la oligarquía fue brutal: Anselmo Pérez de Brito fue acusado de «sedición» y encarcelado en el Castillo de Santa Catalina, y su casa fue saqueada, en un intento de silenciar el pleito. A pesar de la persecución, el caso avanzó. El Consejo de Castilla, bajo el peso de las pruebas de malversación y la lógica reformista, emitió un dictamen trascendental:
El Consejo dictó el acuerdo de «abolir el gobierno de los Regidores perpetuos» y destituirlos. Se ordenó que, a partir de ese momento, los cargos municipales serían elegidos con carácter bienal y por sufragio. Esta fue la particularidad de La Palma: mientras que en la Península los nuevos cargos electivos debían coexistir con los antiguos regidores perpetuos, en La Palma la sentencia supuso la erradicación completa de la tiranía feudal.
El 2 de enero de 1773, con la votación de los compromisarios de cada parroquia de la isla, se celebraron las primeras elecciones censitarias que dieron lugar a la constitución, el 2 de diciembre de 1773, de un ayuntamiento cuyos miembros eran elegidos de forma temporal y popular. El suceso de La Palma se convirtió en un precedente claro de la crisis y caída del Antiguo Régimen en España. Colocó a la Isla Bonita en la ruta de las ideas de la Ilustración, en un eje estratégico entre Europa y América, y demostró la capacidad de la sociedad civil (burguesía y letrados) para desafiar al poder absoluto. El hito ha sido reconocido en múltiples ocasiones, incluyendo un homenaje por la FEMP y el Senado en 2023, y una mención del Rey Felipe VI (entonces Príncipe de Asturias) en 1997 sobre el «talante pionero» de la isla. La PNL nacionalista busca ahora que el Parlamento de Canarias haga suyo este legado como un pilar de la defensa de los valores democráticos del Archipiélago en el siglo XXI.
