El Parlamento de Canarias dará este martes luz verde definitiva a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, unas cuentas que superan los 12.400 millones de euros y que quedarán aprobadas gracias a la mayoría de los grupos que sustentan al Gobierno, pese a las más de 800 enmiendas parciales registradas por la oposición durante su tramitación parlamentaria.
El proyecto presupuestario llega al Pleno tras semanas de debate en comisión, donde los grupos del cuatripartito -Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente- introdujeron enmiendas propias que han permitido mover alrededor de 95 millones de euros, mientras que las propuestas presentadas por PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox fueron rechazadas en su práctica totalidad. Solo una docena de iniciativas logró algún grado de consenso.
Durante la tramitación, el Ejecutivo ha defendido que las cuentas de 2026 refuerzan el carácter social del presupuesto, con incrementos en áreas como servicios sociales, vivienda, sanidad y educación, además de garantizar la ejecución de los fondos europeos y la estabilidad financiera. Desde los grupos del Gobierno se ha insistido en que muchas enmiendas de la oposición eran inviables desde el punto de vista presupuestario o alteraban la estructura general del proyecto.
La oposición, por su parte, ha denunciado la ausencia de negociación y el uso de la mayoría parlamentaria para cerrar el texto sin modificaciones sustanciales. PSOE y NC-BC han criticado que se desaproveche un contexto de bonanza económica para afrontar reformas estructurales en fiscalidad, servicios públicos o políticas de vivienda, mientras que Vox ha cuestionado prioridades de gasto y ha reclamado un mayor control del déficit y la deuda.
Con el dictamen de la comisión ya aprobado, el Pleno de este martes permitirá el debate final de las secciones y la votación definitiva de las cuentas. Salvo cambios de última hora, los Presupuestos de Canarias de 2026 quedarán definitivamente aprobados y entrarán en vigor el 1 de enero, fijando el marco económico y político del Ejecutivo autonómico para el próximo ejercicio.
