El Gobierno de Canarias ha detallado en una respuesta parlamentaria la influencia que el Pacto Verde Europeo está teniendo y tendrá en el archipiélago, subrayando que la transición ecológica diseñada desde Bruselas presenta oportunidades, pero también importantes desafíos para una región ultraperiférica como Canarias. La contestación, remitida a una pregunta escrita del diputado socialista Jorge Tomás González, sitúa el debate en el marco de los objetivos climáticos de la Unión Europea y sus efectos reales sobre el territorio insular.
El Pacto Verde Europeo, adoptado en 2019, constituye la hoja de ruta de la UE hacia la neutralidad climática en 2050 y se articula a través de un amplio paquete normativo que afecta a sectores clave como el transporte, la energía, la agricultura o la industria. Este marco se reforzó en 2020 con la Ley Europea del Clima, que fija objetivos vinculantes de reducción de emisiones, y se ampliará en esta legislatura con una nueva norma que aspira a recortar las emisiones un 90% en 2040. Según el Gobierno canario, el impacto de estas medidas en las islas dependerá en gran medida de las excepciones y adaptaciones que se reconozcan a las regiones ultraperiféricas.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico recuerda que, aunque el paquete ‘Objetivo 55’ contempla exenciones para las RUP hasta 2030, la propia condición ultraperiférica complica la transición energética. Canarias necesita inversiones costosas en infraestructuras verdes y combustibles limpios, lo que incrementa los costes económicos y logísticos de la descarbonización frente a otros territorios continentales.
Algunos de estos efectos ya comienzan a percibirse, especialmente en el transporte marítimo. Según recoge la respuesta del Gobierno, el sector ha advertido de una pérdida de conectividad y del desvío de rutas desde los puertos canarios hacia terceros países vecinos, favorecidos por una normativa que les permite pagar solo el 50% de los derechos de emisión frente al 100% exigido dentro de la UE. En el transporte aéreo, en cambio, el impacto ha sido menor gracias a la existencia de un programa global como CORSIA, que introduce una mayor uniformidad normativa a escala internacional.
A este escenario se suma la futura entrada en vigor, en 2027, del nuevo sistema de comercio de emisiones ETS2, que afectará a edificios, transporte por carretera y pequeña industria, ampliando el alcance de las políticas climáticas europeas. Aunque la Comisión Europea ha asegurado que la actual situación geopolítica no alterará el objetivo de neutralidad climática, el Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de inversiones adicionales y adaptaciones legislativas específicas para que el archipiélago pueda afrontar la transición verde sin comprometer su conectividad, su economía y su cohesión social.
