Olviden el debate sobre gestión directa o indirecta. Canarias ha decidido que lo quiere todo. El nuevo texto reafirma la «gestión directa», pero con una flexibilidad contractual que haría palidecer a los gestores de la RAI italiana. El umbral del millón y medio: La nueva ley eleva la autonomía ejecutiva. El Director General podrá firmar contratos de hasta 1,5 millones de euros sin pedir permiso a la Junta de Control. Un movimiento que busca agilidad frente a la «inoperatividad» anterior.
Línea roja informativa
Siguiendo la estela de otras televisiones regionales europeas, el proyecto prohíbe explícitamente la cesión a terceros de la producción de informativos. La «dirección editorial» debe ser 100% pública. El modelo alemán (ARD/ZDF): Mientras Alemania se apoya en un canon estrictamente regulado y una gestión interna muy potente, Canarias refuerza el sistema de contratos-programa con el Gobierno por periodos de cuatro años. Es un modelo de «dependencia presupuestaria» que la UE vigila para evitar que se use como castigo político.
¿El espejo de RTVE y la producción externa?
Al igual que en Madrid con la corporación estatal, Canarias apuesta por ser un motor de la industria audiovisual local mediante convenios y «fórmulas de cooperación». El proyecto crea un ‘fondo de reserva’, una herramienta de estabilidad financiera que Bruselas suele aplaudir, siempre que no se convierta en una ayuda de Estado encubierta que distorsione el mercado local de productoras privadas.
The takeaway y el fondo de reserva
Canarias está intentando navegar entre dos aguas: la eficiencia operativa de una empresa privada y las salvaguardas democráticas de un servicio público esencial. Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA) a la vuelta de la esquina, el experimento canario será el primer test de estrés para la nueva arquitectura mediática de una cadena pública en la UE.
La entrada del Proyecto de Ley de comunicación audiovisual en el Parlamento de Canarias (11L/PL-0015) no es un movimiento aislado, sino el primer test de estrés real en suelo español para el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA). Mientras la ley autonómica propone vincular el mandato de la Junta de Control a la duración de la legislatura, la normativa europea presiona por una desvinculación total de los ciclos políticos para garantizar la independencia. Otorgar plenos poderes a una Dirección General de forma extraordinaria ante la falta de consenso parlamentario podría ser visto como un riesgo de concentración de poder si no se acompaña de las salvaguardas judiciales y de audiencia previa que el Reglamento 2024/1083 impone ahora para evitar destituciones arbitrarias.
La EMFA exige que los medios de servicio público cuenten con recursos financieros «adecuados y previsibles» que impidan a los gobiernos utilizar el presupuesto como una herramienta de castigo o recompensa editorial. En este sentido, la ley canaria intenta curarse en salud al establecer un marco de financiación a cuatro años, buscando proteger al presupuesto de la RTVC de las turbulencias electorales, una medida que el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación —el nuevo perro guardián que nace de la EMFA, evaluará si se llega al caso, como precedente para otros entes públicos regionales en la UE.
