Cada año, sin falta, la Unión Europea transfiere 141,1 millones de euros al sector del plátano de Canarias. No es un préstamo ni un rescate de urgencia: es una subvención estructural, rutinaria, inscrita en el programa POSEI desde los años noventa, que convierte al plátano canario en uno de los cultivos más subvencionados de Europa por kilo producido.
El dinero llega cada campaña con la puntualidad de un funcionario. Pero el sector que lo recibe atraviesa, paradójicamente, su peor momento en veinticinco años: los precios al agricultor se desplomaron un 23,2% en 2024; la producción de 2025 fue la segunda más baja del siglo (374,6 millones de kilos, un 12% menos que el año anterior); y, por primera vez en la historia, la banana latinoamericana superó al plátano canario en cuota de mercado en la Península: 51% frente a 49%. El dato lo reconoció la propia Asprocan, el lobby del sector.
Así que la pregunta que nadie formula en voz alta es la siguiente: ¿A quién le llega realmente ese dinero? Los 141,1 millones no se distribuyen de forma uniforme. Llegan al sector a través de seis Organizaciones de Productores de Plátanos (OPPs), agrupadas en Asprocan. La mayor, con diferencia, es Coplaca: gestiona el 31,29% de toda la producción comercializada. Está formada por 15 cooperativas y 3.600 pequeños agricultores. Pero Coplaca no vende directamente: comercializa toda su producción a través del Grupo Eurobanan, empresa en la que participa al 50% a través de su filial Coplaca de Inversiones, S.L.
Eurobanan es otra historia. En 2024, el grupo alcanzó una facturación de 630 millones de euros, de los cuales 145 corresponden al plátano canario. Es la segunda empresa más grande de España en comercialización de fruta y el líder absoluto en la distribución de plátanos en la Península. Una empresa canaria con vocación continental, construida en parte sobre los cimientos de la subvención europea.
El dato más revelador es menos conocido: solo el 52,7% de la producción comercializada por Coplaca en 2023 cobró dividendo de Coplaca de Inversiones. Es decir, los socios que entraron más tarde en la cooperativa contribuyen a reducir los costes del grupo (y por tanto a engordar el negocio de Eurobanan) sin recibir a cambio ningún beneficio del activo empresarial. El mecanismo es legal. Su lógica resulta más difícil de defender.
Durante décadas, la lógica era sencilla: cuantos más kilos producías, más ayuda cobrabas. Un sistema que favorecía a quienes tenían más hectáreas. En 2024, el Gobierno de Canarias intentó cambiar las reglas: aprobó un decreto que establece un techo de 68.500 kilos por hectárea para cobrar la subvención máxima. El objetivo declarado era redistribuir recursos hacia los agricultores más pequeños y vulnerables.
La respuesta del sector fue una guerra abierta. Cuatro de las seis OPPs, las de mayor tamaño, que agrupan a los productores con fincas más grandes, se opusieron al decreto. La mayoría de Asprocan votó en contra. El Gobierno lo aprobó igualmente. Y las cuatro organizaciones disidentes llevaron el asunto a los tribunales, donde la batalla sigue abierta. El decreto se aplica desde marzo de 2025.
El dato más incómodo de 2025 no fue el precio ni la producción. Fue la cuota de mercado. Por primera vez desde que existen registros, la banana latinoamericana, procedente de Ecuador, Colombia o Costa Rica, producida con costes laborales infinitamente menores y sin ninguna subvención europea, superó al plátano canario en la Península. Un 51% frente a un 49%, según datos de Aduanas reconocidos por la propia Asprocan.
El plátano canario lleva décadas protegido por el sello IGP y por campañas millonarias de marketing financiadas con fondos del sector. Pero la ventaja competitiva se estrecha. La banana importada es más barata, más regular en tamaño y disponible todo el año. Las grandes cadenas de distribución, en un contexto de alta sensibilidad al precio, están optando cada vez más por el producto latinoamericano. Mercadona llegó a vender plátano canario a 1,70 euros el kilo en verano de 2025, casi la mitad del precio habitual, cuando la sobreoferta obligó al sector a destruir 13 millones de kilos (lo que se llama «la pica») para evitar el colapso de precios.
El resultado es un sector atrapado en una contradicción estructural: recibe más dinero público que nunca y pierde mercado, pierde precio, pierde productores. Las ayudas, diseñadas en los noventa para compensar la desventaja geográfica, no han resuelto el problema de fondo: que producir un plátano en La Palma o en Tenerife cuesta cuatro o cinco veces más que producirlo en Ecuador.
