El Régimen Específico de Abastecimiento (REA) ha dejado de ser una herramienta técnica de compensación para convertirse en el núcleo de la estrategia política del Gobierno de Canarias ante la crisis de Irán. La ampliación de la lista de productos subvencionados, pactada bajo la presión del lobby agroindustrial, supone un blindaje directo a los márgenes de beneficio de las grandes distribuidoras e importadoras del archipiélago.
El Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC y PP) ha utilizado la «economía de guerra» como palanca para consolidar una demanda histórica del sector: que el dinero público sufrague el encarecimiento de los insumos básicos antes de que este erosione las cuentas de resultados de la gran industria. Esta victoria del negocio agoindustrial se traduce en la incorporación de nuevos productos a la cesta subvencionable, permitiendo que la alimentación y la ganadería industrial mantengan su estructura de costes a pesar de la subida del petróleo.
La medida garantiza el flujo de mercancías hacia las islas, pero profundiza la dependencia exterior en un momento de máxima vulnerabilidad geopolítica. Mientras el PSOE y NC centran sus críticas en la pérdida de ingresos por la rebaja del IGIC, el lobby agroindustrial opera en el terreno del REA para asegurar que las ayudas europeas y estatales lleguen a la cúspide de la cadena de suministro, argumentando que es la única vía para evitar el desabastecimiento en los lineales.
El plan de choque, que incluye la rebaja del combustible del 1 % al 0 % y bonos energéticos, tiene en la ampliación del REA su componente más estructural. El respaldo unánime de los grupos parlamentarios al «frente común» de Clavijo otorga carta blanca a un modelo donde la subvención a la importación se presenta como la principal barrera contra la inflación. Sin embargo, la brecha entre el coste de la ayuda pública y el precio final pagado por el consumidor sigue sin auditoría clara. El éxito de este lobby reside en haber convencido a todas las fuerzas políticas de que la rentabilidad de las importadoras es, en realidad, la única garantía de supervivencia para las familias más vulnerables de las islas.
