Mientras las grúas del sector privado en el sur de las islas se concentran en satisfacer una demanda turística que ya factura 23.185 millones de euros, el sector público canario acaba de ejecutar un movimiento defensivo de calado estructural. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del lunes 16 de marzo de 2026, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN) ha culminado una refundación estatutaria diseñada para blindar su carácter social frente a la voracidad del mercado.
Es una declaración de principios en un archipiélago donde el precio del alquiler ha expulsado a la mano de obra esencial de los núcleos productivos. La nueva redacción del artículo dos establece ahora un «objeto exclusivo»: la promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), con un mandato imperativo de dar prioridad absoluta a las viviendas sociales.
El punto de inflexión político reside en la reconfiguración de su consejo de administración: La sociedad —que mantiene un número de vocalías entre 6 y 15— garantiza por ley una silla permanente a los Cabildos Insulares. Esta integración territorial busca mitigar las críticas de las islas no capitalinas, que históricamente han denunciado un reparto asimétrico de los recursos. Al dar entrada a los Cabildos, VISOCAN intenta alinear la promoción de vivienda con las realidades microeconómicas de cada municipio, desde la saturación en el norte de Tenerife hasta el déficit habitacional crónico de Lanzarote.
Esto sugiere un intento de dotar a la administración de una agilidad corporativa de la que ha carecido en la última década. El reto es mayúsculo: operar como una promotora eficiente en un entorno de costes de construcción al alza y una escasez de suelo finalista que estrangula cualquier previsión de crecimiento.
