
En el corazón de la calle Teobaldo Power, donde el Parlamento de Canarias ha operado históricamente bajo un manto de autonomía casi sagrada, un nuevo fantasma recorre sus pasillos de mármol: la justicia europea. Un reciente y exhaustivo estudio de Cristina Duce Pérez-Blasco, Letrada de la Cámara, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la autonomía parlamentaria ya no es un cheque en blanco frente a los derechos laborales de sus trabajadores.
Durante décadas, los parlamentos nacionales y autonómicos han disfrutado de una soberanía organizativa que les permitía mimetizar —o ignorar— las reglas del ejecutivo a su antojo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha lanzado un órdago que cambia las reglas del juego. La crónica de Pérez-Blanco es clara: las sentencias del 19 de marzo de 2020 y, especialmente, la del 22 de febrero de 2024, han dinamitado la doctrina española sobre el abuso de la temporalidad. Lo que Luxemburgo le dice ahora a las instituciones canarias es que los procesos de estabilización actuales podrían no ser sanción suficiente para el abuso de contratos de duración determinada.
El mito de la «autonomía total»
Aunque el Estatuto de Autonomía de Canarias y sus Normas de Gobierno Interior (NGI) otorgan a la Mesa de la Cámara un control absoluto sobre el personal , este poder debe ahora doblegarse ante el «efecto útil» del Derecho de la Unión. El estudio destaca una singularidad canaria: el acceso al cuerpo de élite de la Cámara —los letrados— sigue blindado exclusivamente a la oposición libre, prohibiendo la promoción interna. Un modelo que choca con la flexibilidad que Bruselas empieza a exigir.
El TJUE ha sugerido que, si no hay sanciones disuasorias efectivas en la ley nacional, la conversión de temporales en fijos podría ser la única salida, incluso si esto obliga a los tribunales españoles a ignorar su propia Constitución.
¿Qué está en juego en Teobaldo Power?
El Parlamento de Canarias no es una administración cualquiera. Su personal se divide en cuatro castas: funcionarios de carrera, interinos, laborales y eventuales (personal de confianza). El informe de Duce advierte que la Cámara ha generado «situaciones singulares de prestación de servicios temporales» que ahora urge limitar para evitar una sangría judicial.
La «Ley de Interinos» (Ley 20/2021), que buscaba reducir la temporalidad por debajo del 8%, se queda corta ante la nueva jurisprudencia comunitaria. Mientras la Mesa del Parlamento —el órgano soberano en materia de personal— intenta navegar estas aguas, el estudio de la Letrada deja una advertencia para navegantes: la autonomía parlamentaria sirve para proteger la independencia política, no para perpetuar la precariedad administrativa.
El Parlamento de Canarias se encuentra ante un reto existencial. O adapta sus centenarias ‘Normas de Gobierno Interior’ al siglo XXI y a los mandatos de Luxemburgo, o se arriesga a que los jueces nacionales empiecen a «estabilizar» a su personal a golpe de sentencia, ignorando la autonomía que tanto tiempo les costó conseguir.
El reciente y exhaustivo estudio de Cristina Duce Pérez-Blasco pone sobre la mesa una realidad incómoda para la élite política insular. La autonomía parlamentaria, ese pilar que permite a las cámaras autogobernarse sin interferencias del Ejecutivo, ya no es un cheque en blanco cuando se trata de los derechos laborales de sus trabajadores.
El informe detalla un choque de trenes jurídico entre la tradición autonómica española y la Directiva 1999/70/CE. Durante décadas, el Parlamento ha disfrutado de una soberanía organizativa que le permitía gestionar su personal —desde ujieres hasta el cuerpo de élite de letrados— con una flexibilidad que a menudo bordeaba la excepcionalidad.
Uno de los puntos más críticos que destaca la crónica de Pérez-Blanco es la vulnerabilidad del modelo actual frente a la reciente jurisprudencia de febrero de 2024. El TJUE ha sido tajante: los procesos de estabilización que España ha puesto en marcha podrían ser insuficientes si no incluyen medidas sancionadoras efectivas contra el abuso de la interinidad. Para una institución como el Parlamento de Canarias, que protege con celo su sistema de acceso mediante oposición libre y su jerarquía interna, la posibilidad de que jueces nacionales obliguen a convertir a interinos en fijos por mandato europeo supone un terremoto institucional.
La situación en la calle Teobaldo Power es delicada porque toca la fibra sensible del autogobierno. El estudio advierte que la «autonomía de gestión» no puede utilizarse como escudo para mantener situaciones de precariedad administrativa. Mientras la Mesa del Parlamento intenta navegar estas aguas turbulentas, el mensaje que llega desde Bruselas y Luxemburgo es claro: la soberanía parlamentaria sirve para garantizar la independencia legislativa, no para eximir a la Cámara de sus responsabilidades como empleador bajo el marco del Derecho de la Unión.















