El Grupo Parlamentario Socialista ha encendido el debate en la Cámara autonómica al denunciar que ser celiaco en Canarias se ha convertido en un factor de exclusión económica insostenible. A instancias del diputado Miguel Ángel Pérez del Pino, el PSOE ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) que exige al Gobierno regional medidas de apoyo directo para los pacientes de esta patología multisistémica. En un contexto donde la inflación alimentaria en el archipiélago ha alcanzado niveles históricos, el colectivo se enfrenta a una «discriminación sanitaria» que no tiene respuesta en los presupuestos públicos, a pesar de que la dieta estricta sin gluten es el único tratamiento médico posible para evitar daños intestinales graves.
Los datos presentados en la propuesta son demoledores y reflejan una brecha de precios que la sanidad pública no está cubriendo. Según el estudio de precios de 2025 de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), un canario con esta condición gasta de media 997,85 euros más al año que un ciudadano sin esta restricción alimentaria. Productos tan básicos como el pan, la harina o la pasta pueden llegar a ser hasta cuatro veces más caros en su versión sin gluten, un sobrecoste que se dispara exponencialmente en hogares con más de un miembro afectado, dada la base genética de la enfermedad.
Europa nos saca los colores: El modelo de ayudas que Canarias ignora
Mientras el Gobierno de Canarias mantiene su inacción, el texto socialista subraya que otros socios de la Unión Europea ya tratan esta alimentación especial como una prestación sanitaria básica. En Italia, los pacientes disponen de cupones mensuales para canjear en farmacias y comercios, mientras que en países como Bélgica, Luxemburgo o Grecia se otorgan ayudas directas de unos 38 euros mensuales tras acreditar el diagnóstico médico. Esta comparativa deja a las islas en una posición de clara desventaja social dentro del marco de la UE, obligando a las familias con menos recursos a incumplir la dieta por falta de fondos, lo que a largo plazo derivará en un mayor gasto para el sistema canario de salud.
La ofensiva política del PSOE cobra especial relevancia al señalar la paradoja de las cuentas públicas actuales: Canarias está batiendo récords históricos de recaudación por el IGIC. El portavoz socialista, Sebastián Franquis, critica que se hayan tomado medidas para reducir la presión fiscal en productos de higiene o alimentos básicos generales, pero se haya ignorado sistemáticamente a los alimentos sin gluten, que son una necesidad terapéutica. Para los socialistas, es inaceptable que el Ejecutivo regional no utilice parte de ese excedente de ingresos para aliviar la carga de un colectivo que suma 22.000 personas en las islas y que carece de cualquier subvención pública directa.
Finalmente, la PNL insta al Parlamento a obligar al Ejecutivo a poner en marcha, de forma inmediata, mecanismos de compensación que den respuesta a las reclamaciones de las asociaciones de afectados. La iniciativa no solo busca un alivio financiero, sino un cambio de paradigma: que el acceso a la salud en Canarias no dependa del poder adquisitivo a la hora de pasar por la caja del supermercado. El debate ahora queda en el tejado de la Cámara, donde se decidirá si el archipiélago se suma a la vanguardia europea o si sigue permitiendo que la celiaquía sea, en la práctica, un impuesto al derecho a la salud.
Noticia escrita por Gara Vega H. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
