El Gobierno de Canarias ha detallado el avance de su colaboración estratégica con la Asociación Provivienda y el Ministerio de Vivienda, una operación que ha supuesto la inversión de 6,6 millones de euros para reforzar el parque público de las islas. Según los datos remitidos por el Instituto Canario de la Vivienda al Parlamento, el programa contempla la adquisición de un total de 76 inmuebles que se destinarán íntegramente al alquiler asequible para familias en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, permite a la organización adquirir edificios completos o viviendas individuales que ya estén terminadas, realizando las reformas necesarias para su puesta a punto. El objetivo es agilizar la oferta habitacional sin depender exclusivamente de los tiempos de la nueva construcción, facilitando el acceso a hogares dignos a quienes tienen mayores dificultades en el mercado privado.
Los criterios de adjudicación se centran en las unidades de convivencia con rentas bajas. Podrán acceder a estos alquileres las personas cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM, lo que sitúa el límite de ingresos en los 20.844 euros anuales. Con esta medida, el Ejecutivo pretende dar respuesta a la demanda de los colectivos con menos recursos, garantizando que el coste del arrendamiento sea proporcional a su capacidad económica.
En cuanto al estado actual del proceso, la administración ha confirmado que la ejecución está muy avanzada. Hasta la fecha, se han comprado ya 61 de las 76 viviendas previstas, lo que supone el grueso de la partida presupuestaria habilitada en diciembre de 2023. El resto de las operaciones se encuentra en su fase final de tramitación administrativa.
El Gobierno dispone de plazo hasta el próximo mes de marzo para formalizar la adquisición de las 15 viviendas pendientes. Una vez completadas estas compras, los inmuebles se incorporarán de forma inmediata a la red de alquiler social, cerrando así este paquete de inversión destinado a paliar la emergencia habitacional en el archipiélago a través de la cooperación con entidades del tercer sector.
