El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, defendió este lunes en comisión parlamentaria que la conectividad marítima y aérea es una prioridad estratégica del Ejecutivo autonómico y un elemento clave de cohesión social, al ser preguntado sobre las dificultades administrativas y la desventaja estructural que sufren las islas no capitalinas en materia de movilidad.
Durante su intervención, el consejero recordó que competencias como Capitanía Marítima dependen directamente del Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, si bien reconoció que el sistema actual puede generar desigualdades en función del territorio. “Coincido plenamente en que no podemos generar desigualdades en base a la isla donde vive una persona”, afirmó ante los diputados.
En relación con los trámites administrativos, explicó que desde Marina Mercante se insiste en que todos los procedimientos pueden realizarse de forma telemática, una realidad que, sin embargo, no se ajusta a la situación de parte de la población. “Hay personas que no tienen conocimientos ni medios para hacerlo”, admitió, avanzando que la Consejería ha solicitado al Estado que, de manera puntual, algunas gestiones puedan realizarse presencialmente, especialmente en La Gomera y El Hierro. “Vamos a insistir en que se habiliten estas gestiones de forma excepcional en las islas no capitalinas”, subrayó.
El consejero puso también el foco en la movilidad marítima y la falta de conexiones suficientes, señalando que existen solo dos vías para garantizar el servicio: que las navieras cooperen de forma voluntaria o recurrir a la obligación de servicio público (OSP). “La única alternativa real para garantizar la conectividad es la obligación de servicio público”, indicó, precisando que este mecanismo requiere la intervención directa del Ministerio de Transportes y su posterior validación por la Comisión Europea.
Según detalló, el Gobierno de Canarias ha solicitado en tres ocasiones al Estado la activación de este procedimiento sin obtener respuesta, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a tomar la iniciativa. “Hemos decidido actualizar el estudio por nuestra cuenta y remitirlo al Ministerio para que lo eleve a la Comisión Europea”, anunció, recalcando que el objetivo es claro: garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de movilidad en el archipiélago.
