El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en la revisión y reelaboración del Catálogo de Vestigios Franquistas de ámbito autonómico, tras una compleja secuencia administrativa y judicial que se remonta a la pasada legislatura. La respuesta surge a raíz de la pregunta formulada por el diputado José Alberto Díaz-Estébanez (CCa) sobre el estado de tramitación del encargo para la elaboración del documento, preceptivo para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Canarias. La Consejería de Presidencia, a través de la información remitida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, expone con detalle el recorrido técnico y jurídico que ha marcado este expediente.
El origen de la controversia se sitúa en el convenio firmado con la Universidad de La Laguna para la elaboración del catálogo. El resultado inicial, aprobado mediante Orden 654/2022, se limitó exclusivamente a Santa Cruz de Tenerife, pese a que la norma exige un enfoque regional. Esta circunstancia, unida a la falta de trámites esenciales como la audiencia a administraciones y terceros interesados, desencadenó un requerimiento interadministrativo por parte del Ayuntamiento santacrucero y la interposición de cinco recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A ello se añadieron medidas cautelares que suspendieron la eficacia de la Orden debido, entre otros motivos, a defectos formales como la falta de publicación íntegra del catálogo.
Los autos judiciales dictados en 2023 subrayaron no solo la incorrecta publicación del documento, posteriormente subsanada, sino también deficiencias sustanciales: ausencia de participación pública, limitación territorial injustificada y omisión de la Estrategia Regional de la Memoria Histórica, que según la legislación vigente debe fijar los criterios para elaborar el catálogo. Estos pronunciamientos llevaron a la Administración a considerar necesaria la revisión completa del procedimiento y la elaboración de una nueva Orden que cumpliera plenamente con los requisitos legales y garantizara la seguridad jurídica.
En este contexto, diversos informes técnicos emitidos en 2024 por la Secretaría General Técnica, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos y la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural coincidieron en señalar la procedencia de aceptar el requerimiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y proceder a la revocación de la Orden 654/2022. La apertura de un trámite de audiencia, publicada en el BOC en mayo de 2024, permitió a los interesados presentar alegaciones antes de la adopción de una resolución definitiva.
Finalmente, mediante Orden de 26 de diciembre de 2024, publicada el 3 de enero de 2025, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura acordó formalmente la revocación total de la Orden de 2022, privándola de todos sus efectos jurídicos. Con ello se cierra una etapa marcada por la inseguridad procedimental y se abre un nuevo marco para la elaboración de un catálogo ajustado a la normativa, con participación pública y con verdadero alcance regional.
Tras la revocación, y una vez recibida la última fase del trabajo elaborado por el equipo investigador dirigido por la Dra. Maisa Navarro, el Gobierno de Canarias se encuentra actualmente revisando el conjunto de los materiales entregados, teniendo en cuenta las observaciones judiciales y los criterios establecidos en la Ley de Memoria Histórica. Concluida esta revisión, el Ejecutivo estudiará las opciones para impulsar un nuevo catálogo de vestigios franquistas que abarque todo el territorio canario, garantizando rigor, transparencia y adecuación al marco legal vigente.
